Venezuela suspendió las actividades de la representación en el país del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instalada en 2019, a la que acusó de «bufete particular» de «golpistas y terroristas».
El Político
El canciller Yvan Gil anunció ante la prensa esta decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que incluye la expulsión del personal de esta Oficina Técnica de Asesoría, que deberá dejar el país en las próximas 72 horas.
¿A qué se debe el arrebato del régimen de Maduro? En un contexto donde continúa la situación tensa con Estados Unidos luego de irrespetar el presunto trato con la Administración de Biden por la liberación de Alex Saab.
Bajo este contexto, Maduro decidió expulsar a la Misión de la ONU por un tuit donde anunciaban una «profunda preocupación» por la detención y desaparición forzada de la activista venezolana, Rocío San Miguel, una de las críticas más fuertes de la dictadura venezolana, quien fue acusada de «terrorismo».
«Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país», dijo Gil.
La suspensión se mantendrá «hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas», añadió el canciller.
Régimen intenta callar voces
El Fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, emitió esta semana una rueda de prensa donde negó cualquier alegación sobre «desaparición forzosa» en el caso de Rocío San Miguel, quien fue detenida cuando intentaba salir del país y cuyo paradero se conoció un día después.
“Dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales se realizó la audiencia de presentación previo a una orden de aprehensión”, dijo el miércoles Saab en una conferencia de prensa, en la que aseguró que era «imposible» y que el gobierno de Nicolas Maduro no acepta que se trate de una «desaparición forzada».
En este sentido, afirmó que es inaudito que cualquier organización o persona hable sobre una «desaparición forzada», alegando que hay quienes quieren «enlodar» la «democracia venezolana».
Bajo este contexto y debido al mensaje publicado por el Alto Comisionado de la ONU en Venezuela, el régimen de Maduro decidió expulsarlo del país.
El caso San Miguel
San Miguel es directora de la ONG Control Ciudadano, que registra casos de violaciones de derechos humanos en civiles y militares. Es, además, una autoridad en temas de la Fuerza Armada. Fue detenida el 9 de febrero cuando se disponía a viajar al extranjero junto a su hija, quien también había sido detenida, pero quedó en libertad condicional.
La fiscalía la acusó de «traición a la patria», «terrorismo» y «conspiración», al vincularla «de manera directa» con un supuesto plan para asesinar a Maduro. Su exesposo, el coronel retirado Alejandro José Gonzales, también fue capturado bajo sospecha de «revelación de secretos políticos y militares». Sus dos hermanos y el padre de su hija también fueron detenidos, aunque luego serían excarcelados.
Estados Unidos y la Unión Europea, al igual que la oficina de derechos humanos de la ONU, expresaron «profunda preocupación» por el caso. «Si está preocupada por los derechos humanos de los venezolanos, lo primero que tiene que hacer (la oficina de la ONU) es cooperar de manera estrecha con el gobierno nacional», manifestó Gil, que tachó a la representación de «oficina hemipléjica».
«Solo piensa hacia un lado, al lado derecho, al lado de la extrema derecha, solo protege a personas que han intentado subvertir no solamente el orden constitucional, sino generar violencia generalizada en Venezuela», añadió.
Con información de AFP
