El expresidente del Palau de la Música de Barcelona Fèlix Millet, acusado de corrupción, aseguró ante el juez que la constructora Ferrovial pagó comisiones ilegales por la adjudicación de obra pública al partido gobernante en la región de Cataluña, Convergència Democrática (CDC).
Redacción El Político
Los pagos se hicieron en los años 90, durante la etapa de gobierno de Jordi Pujol (1980-2003), histórico líder de Convergència, partido que ahora se llama Partit Demòcrata (PDCat) y sigue en el Ejecutivo en coalición.
Un tribunal de Barcelona juzga a los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull, en un proceso por corrupción en el que también está acusado un antiguo tesorero de CDC por el supuesto pago de comisiones al partido.
En su declaración de este miércoles Millet admitió que cargó al Palau de la Música gastos particulares, desde obras en sus viviendas o viajes hasta las bodas de sus hijas y recordó que ya en una carta de confesión que remitió al juez en 2009 reconoció haberse quedado cerca de tres millones de euros del Palau, según reseñó EFE.
Al margen de esa confesión Millet dijo que el Palau, una prestigiosa institución cultural de la burguesía catalana que dirigió entre 1990 y 2009, sirvió de intermediaria para el pago de comisiones ilegales de Ferrovial al partido CDC, que ha gobernado la región desde 1980, salvó el período 2003-10.
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Ello a cambio de la adjudicación de obras públicas, comisiones ilegales que – añadió – se entregaron en mano al menos al extesorero del partido ya fallecido Carles Torrent, al que después sucedió Daniel Osàcar.
Millet dijo ignorar si los cargos de CDC, más allá de sus tesoreros, estaban al corriente de los pagos de comisiones y agregó que las comisiones entregadas por la constructora Ferrovial se las repartía con el partido, que se quedaba con un 2,5% de las mordidas mientras los exresponsables del Palau se hacían con otro 1,5%.
La Fiscalía reclama 27 años y medio de cárcel para Millet y Montull y siete años y medio para el exterorero Osàcar.
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Asimismo, pide multas de veinte millones de euros a los tres por el blanqueo de capitales perpetrado mediante la trama de comisiones ilícitas, mientras los directivos de la empresa Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga afrontan una petición de condena de cuatro años y medio de prisión.
El juicio a Millet y Montull ocupa un gran espacio en la prensa española, por las implicaciones políticas del caso en un momento, además, en el que el CDC y otros partidos nacionalistas impulsan un proceso soberanista para que los catalanes decidan en referéndum acerca de una eventual independencia respecto a España.
El Gobierno central lo considera ilegal y los tribunales han adoptado diversas medidas contra ese proceso, contrario a la Constitución española.
