La Abogacía General de la Unión (AGU), órgano que depende de la Presidencia brasileña, solicitó hoy al Tribunal de Cuentas el bloqueo de los bienes del grupo JBS, uno de los mayores exportadores mundiales de carne, y de sus responsables, quienes pusieron contra las cuerdas al mandatario Michel Temer.
La iniciativa, según la AGU, busca garantizar un futuro resarcimiento de perjuicios causados por JBS al Banco de Desarrollo Económico y Social (BNDES), estimados en unos 850 millones de reales (unos 260 millones de dólares).
Dicha medida es imprescindible para la protección del erario público, independientemente del acuerdo celebrado por la empresa y el Ministerio Público», afirmó la Abogacía, en un comunicado.
El bloqueo, según el órgano, fue motivado tras la decisión del grupo de iniciar un proceso de desinversión en el país. La multinacional anunció esta semana la puesta en marcha de un programa de venta de activos con el que espera recaudar 6.000 millones de reales (unos 1.824 millones de dólares).
El grupo JBS, uno de los mayores exportadores mundiales de carne, está necesitado de liquidez para saldar deudas y mantenerse en un mercado que le cerró el acceso a créditos por los múltiples escándalos de corrupción que le salpican.
Cercados por las autoridades, los ejecutivos de la compañía decidieron colaborar con la justicia y confesar los entresijos de una red de corrupción en la que, según sus testimonios, están implicados centenas de políticos, entre ellos el mandatario Temer.
Lea también: Rebajan la calificación crediticia de multinacional cárnica JBS
Joesley Batista, uno de los dueños de JBS, aseguró al Ministerio Público que pagó sobornos a Temer desde 2010 y en una entrevista publicada este sábado le acusó de ser «el jefe de la mayor y más peligrosa organización criminal» del país.
Tras la confesión de los ejecutivos de JBS, el Supremo autorizó una investigación contra el gobernante por los delitos de corrupción, lavado de dinero y obstrucción a la justicia.
En un informe parcial presentado ante la máxima corte, la Policía concluyó que hay evidencias de «vigor» de que el presidente brasileño incurrió en el delito de corrupción pasiva.
