El procurador Alejandro Ordóñez sigue siendo la piedra en el zapato para Gustavo Petro. El organismo de control le impuso otra sanción disciplinaria por haber desconocido la decisión del Concejo de no darle cabida a su plan de ordenamiento territorial (POT).
La entidad a cargo de Ordóñez le impuso una suspensión de 12 meses porque, como al alcalde de Bogotá, impuso por decreto la entrada en vigencia del plan para usos del suelo, sin importar que el cabildo distrital lo había desaprobado.
Una de las banderas políticas de Petro al frente de la Alcaldía de la capital apuntaba a concretar un nuevo POT que le permitiera combatir la segregación que, según él, ha confinado a los pobres que residen en esta ciudad permanecer confinados en la periferia.
Su propósito era redefinir planes para la construcción de vivienda y el desarrollo de actividades comerciales para lograr lo que, a juicio de la administración, sería conquistar un agresivo plan para provocar la inserción social de los sectores más necesitados.
A muchos empresarios, comerciantes, constructores y varios políticos esa propuesta no les gustó. Por eso, dado que el Concejo es el facultado legalmente para autorizar un cambio de POT, acudieron a los concejales para convencerlos de que no apoyaran los planes del alcalde.
Y así lo hicieron los cabildantes locales. El proyecto de acuerdo tramitado en el 2013 se hundió porque la mayoría votó en contra, lo que parecía daría al traste con las intenciones de Petro de desarrollar un nuevo modelo para el uso del suelo.
Sin embargo, el entonces alcalde no se conformó con esa primera batalla perdida. Su administración emitió un decreto en el cual se impuso la entrada en vigencia del plan, aduciendo que, ante la respuesta negativa del Concejo, era viable proceder de esta manera.
Para la Procuraduría no lo fue así. El organismo de control le abrió una nueva causa disciplinaria, en tanto consideró que su determinación de poner en marcha el POT pese a la vos disidente del Concejo, constituía una probable falta.
Y así fue. La entidad determinó que los alcaldes pueden actuar como lo hizo Petro si el cabildo no se pronuncia sobre el respectivo proyecto. Como en este caso sí hubo una decisión de los concejales, que optaron por no respaldar el plan del burgomaestre, significa que este pasó por encima de su autoridad y se convirtió así en un infractor del Código Disciplinario Único.
Por estos hecho, la Procuraduría le impuso al político de izquierda una nueva sanción de suspensión de un año que, de ser confirmada, se debe ejecutar mediante la devolución de 12 de los salarios que percibió el exmandatario durante su cuatrienio.
Con Información de: Semana
