La relatora especial sobre la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas, Dubravka Simonovic, alertó hoy que Argentina incumple estándares internacionales en materia de lucha contra la violencia machista y de protección de los derechos de la mujer.
Al término de una visita de ocho días al país, la relatora de la ONU expuso sus principales conclusiones sobre la violencia machista en Argentina después de reunirse con diferentes autoridades nacionales y federales, así como con organizaciones de la sociedad civil de todo el territorio nacional.
En una rueda de prensa hoy en Buenos Aires, Simonovic señaló que las víctimas de violencia de género se enfrentan a una «falta de implementación sistemática, coherente y efectiva de estándares legales internacionales» en un país donde mueren unas 235 mujeres al año por su condición, según datos oficiales.
Aunque valoró que Argentina haya ratificado acuerdos internacionales en este sentido, como la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) o la Convención de Belém do Pará, denunció que estos no tengan una aplicación directa en el poder judicial.
Mostró una especial preocupación en este sentido por la configuración del Código Procesal Penal, que establece que los delitos sexuales no puedan ser juzgados de oficio, lo que, recordó, retrasa las acciones legales contra los agresores hasta que la víctima presente una denuncia ante la Justicia.
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Para la relatora, este punto es muy sensible porque «envía un mensaje equivocado de que la violación y la violencia sexual son cuestiones privadas y no un tema de preocupación pública que requiere procesamiento de oficio».
Así, instó a los jueces, a los fiscales y a todos los profesionales que velan por la protección de las mujeres a que se sometan a una capacitación sobre una correcta atención de este tipo de casos.
«Es de una importancia decisiva a la luz de los numerosos informes que he recibido en los que se expresa la negación de los agentes policiales a aceptar denuncias de víctimas de violencia y la insistencia de los jueces para establecer mediación entre víctimas y agresores para ‘salvar’ a la familia», puntualizó.
Simonovic alertó, por otro lado, de que muchos médicos se niegan a realizar abortos «sobre la base de la objeción de conciencia», lo que contribuye, junto a la ausencia de protocolos, a que aumenten los abortos clandestinos y, por ende, la tasa de mortalidad materna en el país.
La pobreza es un factor que profundiza el problema de la violencia de género, según la representante de la ONU, ya que aumenta las posibilidades de las mujeres de convertirse en víctimas de este tipo de violencia y dificulta su acceso a asistencia legal.
Por último Simonovic destacó la importancia de la acción de movimientos feministas como Ni Una Menos, que, aseguró, «han sido capaces de mostrar la expresión de la población» de una forma contundente y han motivado la creación en los dos últimos años de políticas y leyes encaminadas a proteger a la mujer.
Con información de: EFE
