La Casa Blanca solicitó hoy a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos que vuelva a escuchar los alegatos sobre las acciones ejecutivas de alivio migratorio para millones de indocumentados.
La acción del gobierno de Barack Obama se registra un mes después de que el máximo órgano judicial quedó dividido para tomar un fallo, lo que dejó en efecto la suspensión de su instrumentación decretada por un juez federal.
La petición presentada esta tarde por el Departamento de Justicia podría quedar en los asuntos pendientes de la corte hasta 2017 porque el gobierno ha solicitado al máximo organismo judicial retomar el caso cuando cuente otra vez con nueve magistrados.
El abogado interino del gobierno, Ian Gershengom, reconoció que se trata de una solicitud extraordinaria, pero citó antecedentes legales de casos en que la corte retomó un caso tras la imposibilidad de alcanzar un fallo definitorio cuando hubo una vacante, como ahora.
«En tales casos, no ha sido raro que la corte toma el caso durante el receso de verano para celebrar argumentos meses después», indicó la dependencia en su solicitud.
Desde febrero pasado la corte mantiene una vacante entre las nueve que la componen, después del fallecimiento del magistrado Antonin Scalia.
Aunque el presidente Obama nominó al juez Merrick Garland para reemplazar a Scalia, los republicanos en el Senado han rehusado celebrar audiencias de confirmación, alegando que esa decisión debe corresponder al próximo presidente.
El pasado 23 de junio quedó empatada 4-4 y no pudo alcanzar un fallo sobre las acciones ejecutivas migratorias con las que el presidente Obama beneficiaría a casi cinco millones de indocumentados, la mayoría mexicanos.
Ante el empate, el fallo de la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones de Nueva Orleans, que decidió dejar en suspenso la ampliación de Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) y su versión para adultos DAPA, se mantuvo válido.
La ampliación del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) buscaba beneficiar a más de 300 mil jóvenes indocumentados, como complemento al programa original que beneficiaba desde el 2012 a unos 700 mil menores de edad sin autorización migratorias.
La versión para adultos DAPA buscaba beneficiar a más de cuatro millones de padres indocumentados con hijos que fueran ciudadanos estadunidenses o residentes legales permanentes.
Marilena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Migración Legal, dijo que la corte la falló a millones de familias inmigrantes, lo mismo que «a nuestro país como todo, y ahora tiene la oportunidad de hacer lo correcto y cumplir» su deber.
«Estados Unidos vs Texas es sin lugar a duda el caso de migración más consecuente en la historia reciente», dijo en una declaración escrita.
Añadió que el caso «es apropiado, y de hecho necesario, que la corte vuelva a escuchar el caso con todos los magistrados, un emita un fallo decisivo».
Con Información de Terra
