Un grupo de al menos diez militares y policías detenidos en Colombia iniciaron una huelga de hambre para pedir ser cobijados por la Justicia Especial para la Paz (JEP) y obtener su libertad condicional, informaron medios locales.
Los militares, quienes permanecen en los centros reclusión de los municipios de Facatativá y Puente Aranda, en el centro de Colombia, afirman que la JEP ha beneficiado únicamente a miembros de las FARC tras el acuerdo firmado con el Gobierno nacional en noviembre de 2016.
«Actualmente llevo siete años y ocho meses de condena. Fui condenado a 13 años de prisión por homicidio simple por el juzgado de ejecución de penas de Facatativá. Me acogí a la ley de Justicia Especial para la Paz y no me han definido nada y por eso me voy a la huelga de hambre», explicó uno de los reclusos a Blu Radio.
La Jurisdicción Especial para la Paz tiene como objetivo juzgar los delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra.
Las sanciones establecidas en la JEP van desde cinco años de restricción efectiva de la libertad hasta 20 años de cárcel, dependiendo del aporte a la verdad, para los guerrilleros y los terceros.
Para los agentes del Estado las penas serán simétricas y se cumplirán en guarniciones militares.
EFE
