El autogolpe del entonces presidente peruano Alberto Fujimori en 1992 ha sido desde entonces un evento denunciando con especial intensidad por la izquierda latinoamericana. Después de todo, aparte de su autoritarismo y violaciones de Derechos Humanos, aquel gobierno destacó sobre todo por políticas económicamente liberales, que la izquierda detesta.
Alejandro Armas/El Político
Aunque el igualmente entonces presidente Pedro Castillo intentó hacer algo muy parecido (pero sin éxito) hace dos semanas, la reacción de la izquierda regional fue muy diferente. Muchas organizaciones de esa tendencia se abstuvieron de repudiar los hechos. Cuatro de los gobiernos de la región incluso abordaron la situación identificando a Castillo como la víctima.
¿Qué nos dice esto sobre las tendencias políticas en la zona? Veamos.
Un patrón
Cinco días después del intento fallido de autogolpe en Perú, los gobiernos de México, Colombia, Bolivia y Argentina emitieron un comunicado conjunto, en el que señalaron que Castillo estuvo sujeto a «hostigamiento antidemocrático». Instaron a las nuevas autoridades peruanas a que «prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas».
De esta forma, los gobiernos encabezados por Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro, Luis Arce y Alberto Fernández apelan a la elección popular de Castillo como fundamento para cuestionar su remoción. Sin embargo, ello es desconocer la diferencia entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. La segunda la perdió Castillo cuando intentó inconstitucionalmente disolver el Congreso y gobernar por decreto.
Ello no parece inquietar a los gobiernos detrás del comunicado, lo que indica una disposición a tolerar actitudes autoritarias por parte de terceros, siempre y cuando sean ideológicamente afines. Hay un patrón. Ya el gobierno de Petro en Bogotá lo expuso con su negación a criticar el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, con tal de normalizar relaciones con el país vecino. Aunque a veces manifiesta cuestionamientos tímidos, Fernández en Argentina ha tenido una conducta similar.
En cuanto a los gobiernos de México y Bolivia, no cabía esperar algo muy distinto si ellos mismos han experimentado un deterioro de sus cualidades democráticas con sus actuales mandatarios. En 2021, el puntaje de Bolivia en el Índice de Democracia de The Economist cayó de 5,08 a 4,65; el de México, de 6,07 a 5,57. En el caso mexicano, este descenso hizo que pasara a ser catalogado de «democracia con fallas» a «régimen híbrido» (Bolivia ya tenía desde antes esa categoría).
El gran ausente
Gobiernos como el de Petro y Fernández se han identificado como parte de una nueva izquierda que, aunque populista, evitaría los errores de la primera «ola rosa» de la primera década del siglo XXI. Incluyendo el autoritarismo o la proximidad con él vista en otros. En tal sentido, su apología de Castillo va contra la promesa.
Sin embargo, la ausencia de un nuevo gobierno de izquierda latinoamericana en el comunicado de marras llama la atención: el de Gabriel Boric, en Chile. Este ya había manifestado preocupación por los sucesos en Perú, pero sin tomar partido a favor o en contra de Castillo.
La semana pasada, la canciller chilena Antonia Urreoja expresó que a su juicio Castillo «no es un golpista». Sin embargo, admitió que el mandatario destituido «incumplió normas constitucionales».
Y es que a diferencia de AMLO o Petro, el gobierno de Boric sí ha hecho un punto de honor el cuestionar las prácticas antidemocráticas. Así lo ha hecho en los casos de Venezuela y Nicaragua, así como el de Cuba, aunque en menor medida.
