El magistrado Rafael Ortega, uno de los 33 juramentados en julio pasado por el Parlamento en Venezuela y quien se encuentra en Colombia para “resguardar” su integridad y la de su familia después de que el Gobierno de Nicolás Maduro ordenara su detención, aseguró este sábado que en su país no hay justicia. EFE
“No es que está acéfala, es que no hay justicia” en Venezuela, dijo a Efe Ortega, quien aclaró que llegó el pasado 1 de agosto a Colombia para “resguardar” su integridad y la de su familia y no huyendo.
A su juicio, la justicia en Venezuela “está tomada, está secuestrada”.
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Y sobre la exfiscal Luisa Ortega, quien arribó el viernes a Bogotá junto a su esposo y dos funcionarios de su despacho, indicó que ha “sido perseguida” por haberse pronunciado frente a unas sentencias del Tribunal Supremo “conforme a su criterio”.
“La fiscal se puede pronunciar, la fiscal de la república es una persona, cualquier fiscal en cualquier país, es una persona que se puede manifestar jurídicamente, acusar, sancionar, cumplir con sus funciones. Ahí es donde vemos que si tú no estás conmigo, yo te persigo”, opinó el jurista y catedrático.
Ortega consideró que ella se encuentra también en Colombia “protegiendo su integridad física y la de su familia”.
El pasado 21 de julio, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, juramentó a 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, para sustituir a los que considera “ilegítimos”, después de que en diciembre de 2015 la mayoría chavista en el Legislativo designó a decenas de jueces.
La decisión de diciembre de 2015 se produjo justo después de la holgada victoria opositora en las legislativas, el día 6, y antes de que traspasara el poder del Parlamento a la nueva mayoría.
El 22 de julio, un día después de jurar el cargo, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvo al magistrado Ángel Zerpa, quien hoy cumple 28 días en huelga de hambre e incomunicado.
Posteriormente, el presidente venezolano anunció que los 33 juristas irán presos “uno por uno” y se les congelarían sus bienes y sus cuentas bancarias.
“En el caso particular de nosotros, el presidente establece el delito, establece los años (de pena) y establece quién nos va a juzgar”, advirtió Ortega, y explicó que serían presentados ante la jurisdicción militar, lo que considera como “algo nunca visto”.
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Este hecho evidencia que “el poder judicial en Venezuela está plenamente tomado por el poder Ejecutivo” afirmó al agregar que por ello no confían en los tribunales ni en los jueces.
“La justicia está en manos de una sola persona, que es el presidente de la república”, argumentó.
Sostuvo que los 33 magistrados, varios de los cuales se encuentran en Chile, Panamá y Estados Unidos, si mañana se volvieran a convocar un concurso para elegir a los integrantes del Tribunal Supremo se presentarían nuevamente.
“Venezuela está sedienta de tener un Tribunal Supremo de Justicia independiente, imparcial, de tener los demás poderes de la misma manera, que no se tenga que inmiscuir uno con otro”, agregó.
Frente al futuro de Venezuela, Ortega señaló que de “lo malo hay que sacar lo bueno” y confió que el país saldrá “satisfactoriamente” de esta crisis.
