El exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo será juzgado desde este lunes en la Audiencia Nacional por la supuesta defraudación fiscal de las ganancias de casi 4,5 millones de euros que obtuvo su hijo Alejo de sus negocios con la petrolera estatal venezolana PDVSA entre 2013 y 2014.
La Fiscalía Anticorrupción pide una pena de tres años y medio de cárcel para él y de ocho años y medio para su hijo Alejo y también para su nuera. Reclama además multas millonarias para Alejo Morodo Cañeque (3,7 millones de euros) y para su mujer Ana Catarina Varandas (3,8 millones), y algo menos cuantiosa para Raúl Morodo (378.700 euros).
Los tres se sentarán en el banquillo por haber supuestamente ocultado a Hacenda el presunto cobro de unos 4,5 millones de euros de PDVSA por parte de Alejo Morodo mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera venezolana entre 2012 y 2015, cuando su padre ya no estaba al frente de la embajada.
El dinero supuestamente se blanqueó mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados, entre ellos la nuera del exembajador y dos socios venezolanos; uno de ellos, Juan Carlos Márquez, fue hallado ahorcado en su domicilio en Madrid, en lo que fue considerado un suicidio, poco después de prestar declaración en la Audiencia Nacional por estos hechos.
La Fiscalía, que sólo acusa por los ejercicios de 2013 y 2014 al estar los anteriores prescritos, sostiene que Raúl Morodo también defraudó las ganancias que percibió con cargo al patrimonio de dos de aquellas sociedades.
