Una jueza federal nombrada por Obama ha emitido una polémica decisión que socava los esfuerzos del presidente Trump para fortalecer las fuerzas armadas norteamericanas. La jueza Ana Reyes suspendió la orden ejecutiva del presidente que prohibía a personas transgénero servir en el ejército, ignorando preocupaciones legítimas sobre la preparación militar y los costos asociados.
En su cuestionable fallo, la jueza Reyes acusa injustamente al presidente de «animadversión» hacia las personas transgénero y califica la orden ejecutiva como «abiertamente denigrante». En lugar de basarse en la Constitución, cita la Declaración de Independencia, un documento sin peso legal en este contexto.
Esta interferencia judicial en asuntos militares es un claro ejemplo de extralimitación por parte de jueces no electos. La decisión afecta a aproximadamente 15,000 miembros del servicio, potencialmente comprometiendo la cohesión y efectividad de unidades militares.
El Departamento de Justicia debe apelar de inmediato esta decisión errónea para defender la autoridad del Comandante en Jefe y la integridad de nuestras fuerzas armadas.
