Los jueces de inmigración se preparan para pedirle al Congreso federal que rechace las amenazas del gobierno de Donald Trump de quitarles sus derechos laborales, a la vez que solicitanrán una ley que garantice la independencia de las cortes de inmigración y que ya no dependan del secretario de Justicia.
El Político
La semana pasada se conocieron “planes” del gobierno de Trump para quitarle la certificación al sindicato de jueces y así, según creen, silenciar las críticas, sobre todo las de aquellos que no comparten la política migratoria del mandatario y denuncian los ataques para minar el correcto funcionamiento del debido proceso.
El Departamento de Justicia (DOJ) está utilizando “documentos legales para poner fin a los derechos laborales de los jueces” porque los jueces exponen “problemas en los tribunales”, dijo la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) en un comunicado.
Agrega que los miembros de la asociación “han apelado al Congreso” para que unan un esfuerzo bipartidista y “creen un tribunal independiente libre de influencia política” con el propósito de salvaguardar el debido proceso.
Un reporte del diario The New York Times publicado hace dos fines de semana reveló que el DOJ está intentando “descertificar” a la NAIJ, una maniobra que podría “silenciar a una organización cuyos miembros a veces han sido abiertamente críticos de la agenda de aplicación de la ley de inmigración del gobierno”.
El DOJ presentó una petición solicitando a la Autoridad Federal de Relaciones Laborales que determine si se debería revocar la certificación del sindicato porque sus miembros son considerados «funcionarios administrativos» no elegibles para organizarse colectivamente.
En respuesta a la afirmación del gobierno, que los jueces de inmigración son «funcionarios administrativos» que formulan y promueven políticas, la NAIJ rechazó el argumento señalando que “esto no es más que un intento desesperado del DOJ por evadir la transparencia y la rendición de cuentas, y socavar la independencia decisiva de los 440 jueces de inmigración que conforman las cortes”, dijo la jueza Ashley Tabaddor, presidenta de la Asociación.
«Somos jueces de primera instancia que tomamos decisiones sobre la base de hechos específicos de un caso basados en las leyes de inmigración del país. No establecemos políticas y no gestionamos personal», agregó.
La NAIJ indica que en la actualidad “los tribunales de inmigración no son parte de la rama judicial del gobierno”, y es donde “se atienden casos de inmigración que son gestionados por el Departamento de Justicia, lo que permite el fiscal general de la nación la autoridad de supervisión y el poder de contratar, despedir y controlar a los jueces que presiden las audiencias de inmigración”.
Fuente: Univision
