El Gobierno venezolano decomisó hoy algo más de 3.821.000 juguetes a la distribuidora local Kreisel, la más grande del país en el sector, a la que acusó de acaparamiento y boicot, hecho por el que ordenó la detención de dos de sus gerentes.
«Hemos ordenado una medida preventiva, decomiso preventivo total de toda esta mercancía», dijo a los periodistas el Superintendente de Precios de Justos, William Contreras, desde uno de los galpones de la empresa, en el este de Caracas.
Contreras aseguró que la empresa mintió el mes pasado al indicar que resguardaba cerca de 400.000 unidades puesto que, tras una investigación, el Gobierno pudo comprobar la existencia de un inventario diez veces superior, que está almacenado en los tres galpones que Kreisel tiene en la capital venezolana.
Detalló que todos estos productos habían sido importados entre 2008 y 2014, pagados con dólares a precios preferenciales asignados por el Gobierno -que controla la asignación de divisas- y que, sin embargo, la empresa marcaba sobreprecios a sus mercancías que iban desde un 16.902 por ciento hasta un 57.383 por ciento.
Según la Ley de Precios Justos venezolana, el margen de ganancia de todos los agentes que participan en la cadena de distribución no puede superar el 30 por ciento del valor del producto.
Contreras anunció también que lo decomisado será entregado a los «Comités Locales de Abastecimiento y Producción» CLAP -órganos creados por el Gobierno para entregar bolsas de alimentos directamente en las comunidades- «para que los niños y niñas de Venezuela tengan su Niño Jesús garantizado».
El responsable de precios acusó a Kreisel de registrar baja rotación de inventarios y de no estar despachando a jugueterías que ya habrían hecho reclamos.
Sobre los detenidos informó de que se trata del gerente de ventas de la empresa, Giussepe Ssason, y la gerente de contabilidad, Osiri Mendoza, para quienes solicitaron al Ministerio Público (MP, Fiscalía) la prohibición de salida del país.
Con información de: EFE
