El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez se enfrenta a una investigación llevada a cabo en Argentina, esta denuncia involucra al ex mandatario en presuntos casos de vínculos con los falsos positivos y crímenes de lesa humanidad.
El Político
El caso está a cargo de Carlos Stornelli, reconocido fiscal de Argentina, quien se ha destacado por su investigación en casos relacionados con los gobiernos de Carlos Menem y el kirchnerismo. Además de la investigación sobre Uribe Vélez, se han ordenado pruebas para examinar su posible responsabilidad en estos hechos.
El fiscal dio seguimiento a la denuncia presentada por un grupo de personas que acusan a Uribe de estar involucrado en supuestos delitos de lesa humanidad ocurridos entre 2002 y 2008, debido a que permitió la ejecución extrajudicial de 6.112 personas cometidas por militares contra guerrilleros, más conocido como “falsos positivos”.
Según Stornelli, se espera que las responsabilidades se determinen durante la investigación, pero es importante mencionar que en la denuncia se ha señalado a Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República de Colombia y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de ese país, como presunto responsable.
En el documento de 22 páginas al que tuvo acceso el diario argentino “Clarín” se mencionan los casos de los asesinatos de Luis Eduardo Oñate, Álvaro Adolfo Piña Londoño, Beyer Ignacio Pérez Hernández, Didier Eduardo Durant Badillo, así como el asesinato y desaparición forzada de otras siete víctimas que aún no han podido ser identificadas.
¿Por qué en Argentina?
El fiscal fundamenta la radicación de la denuncia ante los tribunales judiciales argentinos en el principio de jurisdicción universal. Asimismo, hace referencia al artículo 118 in fine de la Constitución Nacional, la Ley 26.200, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y los artículos 174 y 176 del Código Procesal Penal de la Nación.
Según, Stornelli también solicitó al juez que se realicen exhortos internacionales a diversos organismos, como la Presidencia de la República de Colombia, el Gobierno nacional, el Ministerio de la Defensa y el Ministerio del Interior. El objetivo de estos exhortos sería obtener copias certificadas de actas de reuniones, notas internas y comunicaciones relacionadas con conductas vinculadas a asesinatos y desapariciones forzadas de civiles, que ocurrieron durante el periodo de 2002 a 2010.
