1.378 personas fueron procesadas por corrupción entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de septiembre de 2016, es decir, 91 personas al mes y tres procesados cada día.
Este es el dato global que se extrae de la primera base de datos pública sobre los delitos de corrupción en España, presentada este jueves en el Consejo General del Poder Judicial.
El llamado repositorio sobre procedimientos judiciales de corrupción recoge todos los procedimientos penales por este delito sobre los que se ha dictado auto de apertura de juicio oral o de procesamiento. En los cinco trimestres que recoge por ahora este archivo, se dictaron 99 sentencias por corrupción, de las que 72 (el 72,7%) fueron condenatorias.
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La base de datos abarca los procedimientos instruidos en los juzgados de Instrucción, de lo Penal, los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo tanto por casos de corrupción administrativa (protagonizada por funcionarios públicos o personas no funcionarias que prestan su servicios en la administración pública) y corrupción política (delitos cometidos por gobernantes y políticos en el ejercicio de su cargo).
Entre las conductas que recoge se sitúan la prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos, tráfico de influencias, malversación, fraude y exacciones legales, negociación y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, abusos en el ejercicio de su función y la corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
El repositorio permite entre otros aspectos conocer el número de personas condenadas por las sentencias firmes. La suma de los cinco trimestres que recoge es de 399 condenados, información extraída del registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia. Los delitos más frecuentes en estas sentencias son, por este orden, prevaricación administrativa, urbanística y malversación. El archivo aporta también datos sobre las personas encarceladas por estos delitos (ya sea por estar en prisión preventiva como cumpliendo condena). A 1 de enero de este año había en España 82 penados (47 con el delito de malversación como delito principal y 25, por cohecho) y cinco preventivos.
Por comunidades autónomas, destaca Cataluña, con 303 procesados, el doble que la comunidad más poblada, Andalucía (153) y que Madrid (145). Llama también la atención las cifras de Cantabria (100) y Canarias (105). La comunidad navarra es la única que en los 15 meses que recoge la base de datos no ha registrado ningún procesado por corrupción.
Del total de 1.378 procesados, 1.060 (el 77%) son hombres y 318 mujeres. El archivo recoge también información sobre la nacionalidad de los implicados: 1.174 son españoles, 34 de Estados miembros de la UE y 170 extracomunitarios.
Durante la presentación del repositorio, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha elogiado la labor desarrollada por los jueces en la lucha contra estas conductas. “Los jueces están cumpliendo con su misión y no siempre en condiciones fáciles”, ha afirmado.
La vocal del Poder Judicial Mar Cabrejas ha sido la encargada de coordinar la puesta en marcha de este registro. Durante la presentación, Cabrejas ha explicado que el objetivo de esta base es ofrecer una información trasparente a todos los ciudadanos y trasladarle la imagen real «de una labor muchas veces silenciosa de sus jueces, magistrados, fiscales» y demás servidores públicos en su lucha contra la corrupción.
