El Gobierno español relevará a Federico Trillo como embajador de España en el Reino Unido, aunque desvincula esta medida del informe oficial publicado ayer que responsabiliza al Ministerio de Defensa del accidente de avión de 2003 en el que murieron 63 militares españoles, cuando Trillo dirigía ese departamento.
El Ministerio de Asuntos Exteriores español reemplaza a Trillo en el marco de una remodelación que afectará a un total de 72 embajadores, cuyo relevo se había acumulado en los últimos meses debido al bloqueo político del país, explicaron a EFE fuentes diplomáticas.
Este anuncio llega un día después de que un informe del Consejo de Estado español, el máximo órgano consultivo del Ejecutivo, responsabilizara por primera vez al Ministerio de Defensa del siniestro del Yak-42, cuando Trillo era ministro de Defensa.
El informe oficial, realizado a petición de los familiares, reconoce que el Ministerio de Defensa debió haber adoptado medidas ante los indicios de inseguridad detectados en el avión ucraniano.
Según el informe, la larga cadena de subcontrataciones realizada, que permitió reducir el precio inicial del transporte de unos 140.000 euros hasta menos de una tercera parte que recibió la aerolínea, hacía «razonable» pensar en que dicha rebaja afectó también a las condiciones exigidas al contratista.
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Ayer, tanto los familiares de las víctimas como los partidos en bloque de la oposición exigieron el cese inmediato del embajador, que está destacado en Londres desde marzo de 2012.
La Asociación de Víctimas del Vuelo Ilegal Yak-42, que agrupa a familias de fallecidos, expresó hoy su rechazo a cualquier «cese enmascarado» del embajador, aunque el ministerio español reiteró hoy que el relevo no guarda relación con el dictamen del órgano asesor.
El accidente, en el que también murieron doce tripulantes ucranianos, causó gran conmoción en España por ser el mayor siniestro de la historia de las Fuerzas Armadas españolas y por el error en la identificación de 30 de los cuerpos de los fallecidos.
La Justicia española archivó en 2012 la investigación por la contratación del avión, en un caso en el que estaban imputados seis altos cargos militares españoles, entre ellos el que fuera jefe del Estado Mayor de la Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto, en el momento del accidente.
La Justicia española sí condenó en 2008 a tres años de prisión a un general y a año y medio a dos oficiales por la falsificación de identidad de 30 de los fallecidos.
Con información de EFE
