El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) se puso a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente, conformada solo por oficialistas, para dar inicio a una investigación a dirigentes políticos por el delito de traición a la patria.
El Supremo respondió así a la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que ayer aprobó el inicio de un «juicio histórico» contra los dirigentes de la oposición por supuestamente pedir y respaldar las sanciones económicas dictadas por Estados Unidos contra el país.
«Estamos esperando que la Asamblea Nacional Constituyente formalice la solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia, como resultado de su decisión soberana», dijo el presidente del TSJ, Maikel Moreno, según un comunicado difundido hoy que recoge sus declaraciones.
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«Quienes pregonan sentir al país y sufrir por la Patria, son los mismos que llevaron a decenas de jóvenes a morir en las calles, y ahora piden al mundo agresiones económicas para seguir haciendo sufrir al pueblo sin importar sus consecuencias», dijo Moreno.
Señaló, además, que la ANC «con su carácter supraconstitucional y el Poder Originario que le ha concedido el pueblo venezolano» está facultada «para dirigir cualquier tipo de acciones en resguardo de la soberanía, la seguridad y la integridad territorial y económica del país».
Ayer, durante la sesión de la ANC, se aprobó un decreto para «iniciar conjuntamente con los órganos del Estado competentes un juicio histórico por traición a la patria» contra los dirigentes opositores que supuestamente han pedido y apoyado las sanciones económicas de EE.UU.
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En el decreto se indica que la oposición, agrupada en la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD) «ha trabajado de manera sostenida para lograr» las sanciones de Estados Unidos.
El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el pasado viernes una orden ejecutiva en la que prohíbe las «negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal», en las primeras sanciones al sistema financiero venezolano.
Las medidas -que pretenden evitar que Maduro se valga del sistema financiero estadounidense para lo que denuncia como un proceso para instalar una dictadura en el país a través de la Constituyente- prohíbe además las «negociaciones con ciertos bonos existentes del sector público venezolano, así como pagos de dividendos al Gobierno de Venezuela«.
Con información de EFE
