Penas de 30 años de cárcel por delitos políticos, inhabilitaciones perpetuas para ejercer cargos públicos y juicios en ausencia: nuevas leyes que blindan a Maduro se complementan ahora con su propuesta de reformar la Constitución, avivando el temor de activistas de una “nicaragüización” de Venezuela.
Una gran reforma” para “embellecer” la Constitución fue la bandera de Maduro al juramentarse el viernes para un tercer mandato (2025-2031), cuestionado por la oposición, que denuncia un fraude en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y reivindica una victoria del verdadero presidente electo Edmundo González Urrutia.
“Maduro quiso hacer unas elecciones al estilo Hugo Chávez, en las que se daba un baño de pueblo” y “como no le resultó la fórmula de Hugo Chávez, optó por el modelo de Daniel Ortega, que es robarse una elección y perseguir a todos los opositores”, dijo a la AFP Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la OEA.
Ortega y su esposa Rosario Murillo, su “copresidenta”, impulsaron en 2024 una reforma constitucional que les dio control absoluto de los poderes del Estado en Nicaragua, donde cientos de opositores han sido arrestados y forzados al exilio, en tanto a muchos, incluso, se les quitó la nacionalidad, como el caso de McFields.
“¡Aquí está el héroe, aquí está el revolucionario Nicolás Maduro Moros, y aquí está Chávez, y aquí está Bolívar!”, exclamó Ortega desde una tarima donde acompañó al líder chavista a celebrar su juramentación.
“Pavimentando el camino”
Aunque no se sabe qué artículos de la Constitución planteará cambiar la reforma, Maduro ha adelantado que el objetivo es reforzar el poder de las comunas, organizaciones civiles creadas por el chavismo encargadas de tareas como la distribución de alimentos subsidiados y la captación de votantes.
Lleva meses aprobando recursos directos para la ejecución de proyectos de las comunas, lo que la oposición ve como una forma de restar poder a funcionarios electos como gobernadores y alcaldes.
El Palacio Federal Legislativo, controlado por el chavismo, ha aprobado leyes que activistas consideran que violan derechos fundamentales.
“Lamentablemente estamos aquí pavimentando el camino para una nicaragüización de Venezuela”, comentó Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, en un encuentro con corresponsales internacionales.
