La directora general de la Dirección General de Tránsito, María Seguí, ha dimitido este viernes. Una decisión que llega después de que el Ministerio del Interior abriera la pasada semana una investigación urgente sobre la financiación concedida desde Tráfico a proyectos de investigación donde trabajaba su marido. Esta medida fue, definitivamente, la puntilla a una cadena de escándalos que, durante 15 días, ha cuestionado y colocado contra las cuerdas a la institución encargada de velar por la seguridad en las carreteras. Hace dos semanas, la propia DGT cesaba a la subdirectora de Formación Vial, implicada en el supuesto amaño del concurso para adjudicar los cursos para recuperar los puntos del carné. Ahora cae su jefa.
«El ministro del Interior ha agradecido a María Seguí el trabajo que ha desarrollado en los últimos cuatro años y medio, etapa en la que se ha alcanzado el mínimo histórico en el número de víctimas mortales por accidente de tráfico desde 1960», ha explicado el departamento encabezado por Jorge Fernández Díaz a través de un breve comunicado.
La ya ex directora general, doctora en Medicina y doctorada en prevención de accidentes por la Universidad de Harvard, asumió el cargo en febrero de 2012. Llegó con el reto de sustituir a Pere Navarro, que había logrado reducir los muertos en accidentes en un 50% y que se fue, incluso, con las alabanzas de Mariano Rajoy y de Jorge Fernández Díaz. Pero, en estos cuatro años, las iniciativas de Seguí han resultado muy cuestionadas. Las asociaciones de víctimas, por ejemplo, han acusado a Tráfico de inacción.
“Ha sido un mandato de parálisis”, resumían varios expertos del sector durante el décimo aniversario de la entrada en vigor del carné por puntos. El descenso de la siniestralidad ha sufrido un frenazo drástico, y en 2014 se registró el primer aumento de fallecidos en accidentes en 11 años. Y, además, en este tiempo, Seguí ha tenido encontronazos con los colectivos de ciclistas —pidieron su destitución tras barajar la obligatoriedad del uso del casco en ciudad— o con los examinadores del carné —que mantuvieron una huelga de semanas el pasado año—.
Con el propio Fernández Díaz también se topó. El ministro desautorizó en público a la directora general en 2013, después de que esta anunciara que estaban estudiando que los conductores más mayores tuvieran que volver a ser “evaluados” a la hora de renovarse el carné. “No habrá exámenes teóricos de reválida”, zanjó Interior, que posteriormente dejó en un cajón el proyecto estrella de Seguí para su mandato. Tras años trabajando en un nuevo reglamento de circulación, el Ministerio nunca llegó a aprobárselo.
Pero los golpes que han tumbado a la directora general han llegado con el Gobierno en funciones. Ante el primer revés, la grabación que implicaba a su subdirectora en el amaño de concursos públicos, cortó la cabeza de su subalterna. Entonces, aguantó ante los que pedían responsabilidades al más alto nivel. Fernández Díaz la respaldó en ese momento y aseguró en el Congreso que mantenía la confianza en ella. Pero, apenas unos días después, el segundo embiste la derrocó. Hasta los medios más conservadores pidieron su cese por la financiación desde la DGT a grupos de trabajo de investigación donde estaba su marido. Y el Ejecutivo, en plenas negociaciones para mantenerse en la Moncloa, ha decidido dejarla caer.
Con información de El País
