El Departamento de Justicia (DOJ) presentó por primera vez un caso de deportación ante el inactivo tribunal de expulsión de terroristas extranjeros (Alien Terrorist Removal Court o ATRC en inglés). Esta corte, poco conocida por los ciudadanos de Estados Unidos, gestionará su primer incidente en más de 20 años.
Redacción El Político
Sin duda, el caso marca un hecho sin precedentes en la historia del sistema judicial estadounidense. Pues este lugar fue creado por el Congreso en 1996 como un tribunal especial.
Su objetivo es procesar la expulsión de extranjeros señalados de tener vínculos con actividades terroristas. No obstante, desde su creación, nunca había recibido una solicitud formal hasta ahora.
For nearly 30 years, America has had an Alien Terrorist Removal Court specifically designed to rapidly remove foreign nationals tied to terrorist activity—and apparently nobody ever used it. Until now. The Trump administration has reportedly submitted its first case. Limited… pic.twitter.com/jF1uxVhjB0
— Andrew Branca Show (@TheBrancaShow) July 21, 2026
Un tribunal inactivo durante 30 años
El tribunal de expulsión de extranjeros fue establecido mediante la Ley Antiterrorismo de 1996, aprobada tras una serie de atentados. Estos incidentes llevaron al Congreso a reforzar las herramientas legales para combatir el terrorismo.
Su propósito es permitir que el gobierno solicite la deportación de ciudadanos extranjeros considerados una amenaza para la seguridad nacional por presuntos vínculos con organizaciones terroristas.
Sin embargo, pese a estar contemplada en la legislación federal, la corte nunca llegó a utilizarse.
De acuerdo con registros judiciales, durante todos estos años ningún fiscal general presentó una petición formal para activar este mecanismo. Incluso, a comienzos del año 2000, el propio Departamento de Justicia analizó cerca de un centenar de posibles casos, pero concluyó que podían resolverse mediante los procedimientos migratorios habituales.
Por esa razón, el tribunal permaneció prácticamente desconocido para el público durante casi tres décadas.
Departamento de Justicia presenta el primer caso
El escenario cambió cuando el Departamento de Justicia presentó una petición para iniciar un proceso contra una persona cuya identidad permanece reservada.
Según documentos de agencias, el texto entregado al tribunal es breve. No revela el nombre del individuo ni los detalles específicos del caso, ya que parte de la información fue ocultada por razones de seguridad.
Tras recibir la solicitud, la jueza principal del tribunal, Joan Ericksen, celebró una audiencia privada y pidió al gobierno ampliar y fortalecer la documentación presentada. Todo esto antes de decidir si el proceso puede continuar.
Por ahora se trata de un único expediente, pero la utilización de esta corte representa un precedente importante. La activación de este despacho podría implicar que el gobierno del presidente Donald Trump, tiene intenciones de recurrir a herramientas jurídicas que nunca antes habían sido empleadas.
¿Podría ser utilizada para deportaciones regulares?
A diferencia de los tribunales migratorios convencionales, la corte de remoción de extranjeros opera bajo un procedimiento especial dividido en dos etapas.
La primera fase se desarrolla de manera confidencial. En esta instancia, un juez revisa la información entregada por el gobierno para determinar si existen fundamentos suficientes para continuar con el caso.
Si considera que hay causa probable, el proceso pasa a una segunda etapa, que sí debe celebrarse públicamente.
Durante esa audiencia, el Departamento de Justicia tiene la responsabilidad de demostrar que la persona cumple con la definición legal de «terrorista extranjero», establecida en la legislación estadounidense.
La ley contempla varios supuestos para llegar a esa conclusión. Entre ellos figuran la participación directa en actividades terroristas, el respaldo material o financiero a esas acciones o la pertenencia a organizaciones que promuevan este tipo de actividades.
Entre los cuestionamientos sobre esta corte se encuentra la metodología usada para manejar las pruebas. La legislación permite que el Estado utilice información clasificada que no puede ser revelada completamente al acusado ni a sus abogados.
En esos casos, la defensa solo recibe un resumen del contenido, sin acceso a la evidencia original.
Además, la ley autoriza que determinadas pruebas puedan ser admitidas incluso si fueron obtenidas mediante procedimientos que normalmente serían cuestionados en otros tribunales federales.
Diversos expertos consideran que estas características generan dudas sobre el respeto al debido proceso, uno de los principios fundamentales del sistema judicial estadounidense. Precisamente estas preocupaciones fueron señaladas durante años como una de las razones por las que la corte nunca había sido utilizada desde su creación.
Solo para casos especiales
La reactivación del tribunal no implica que todos los procedimientos de deportación se realicen a través de este espacio. Si bien su puesta en marcha surge en medio de políticas migratorias más duras, en este espacio solo se gestionan casos especiales.
También es una realidad que la administración de Trump insiste en acelerar las deportaciones de personas que considera una amenaza para la seguridad nacional. Pero en la práctica legal hay limitaciones y en dicho tribunal mucho más.
De hecho, según varios jueces, las personas acusadas de pertenecer a organizaciones criminales o terroristas conservan derechos procesales básicos y deben tener la oportunidad de defenderse antes de ser deportadas.
Por lo tanto, si el gobierno de Estados Unidos decide recurrir con mayor frecuencia a este mecanismo, cualquier extranjero señalado por presuntos vínculos con actividades terroristas tendría que atravesar un proceso extenso. Pues tanto el juez como el resto de autoridades deben constatar todas las pruebas para admitir el desarrollo del caso y celebrar un juicio.
