Entre Colombia y Nicaragua hay tropiezos en diplomacia, en torno a aguas territoriales de la isla San Andrés, donde La Haya favoreció a Nicaragua.
El Político
La tormenta desatada por la deliberada ausencia de Colombia en una sesión de la OEA, sobre la condena al régimen de Nicaragua, por perseguir a la prensa y encarcelar opositores, no se calma.
La política exterior del Gobierno de Gustavo Petro tropezó entonces, recién posesionado el mandatario de izquierdas, con su primera piedra.
En una movida que ha provocado, entre otras cosas, que la oposición promueva una moción de censura contra el canciller, Álvaro Leyva.
Además, esa arriesgada apuesta se ha topado con un aparente rechazo del régimen de Daniel Ortega.
“El presidente izquierdista estaría en conversaciones con la dictadura sandinista, que a cambio exige el reconocimiento del fallo de La Haya de 2012.” https://t.co/9oGBQfHUb5 #Colombia 🇨🇴 por @OriRivas91
— PanAm Post Español (@PanAmPost_es) September 8, 2022
Diplomacia turbia
La movida de la diplomacia colombiana, nunca del todo aclarada, no ha rendido frutos. Esto a juzgar por el mensaje de un portavoz de Ortega, donde se indica que: «no estamos pidiendo nada diferente a que reconozcan el fallo del máximo tribunal del planeta», señaló el lunes en su programa radial William Grisby, vocero oficioso de Ortega, sobre el litigio que enfrenta a Colombia y Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Sus palabras se han interpretado como un portazo a los pasos del Gobierno de Petro, en relación con la pretendida negociación para conseguir la liberación de un grupo de presos políticos, por un lado.
Y también la posibilidad de que los pescadores de la isla caribeña de San Andrés puedan trabajar en aguas que el tribunal ha declarado como nicaragüenses.
El acuerdo que buscaría Colombia consistiría en acatar el fallo de abril de la Corte Internacional de Justicia sobre la soberanía marítima a cambio de que Nicaragua libere a 14 presos políticos.https://t.co/VAtrQv7IVb
— NTN24 (@NTN24) September 8, 2022
Entre presos y pescadores
Sin identificar a los mensajeros, Grisby —a quien el periódico nicaragüense El Confidencial califica como “uno de los principales propagandistas del régimen Ortega-Murillo”— aseguró que la negociación que proponía Colombia implicaba reconocer el fallo de La Haya, a cambio de la liberación de presos políticos.
Ya el periodista Daniel Coronell había señalado, tanto en su columna de Los Danieles, como en W Radio, que Bogotá intenta negociar con Managua la aplicación de la sentencia, emitida el pasado abril, para que les permita a los pescadores raizales de San Andrés seguir trabajando en esas aguas que La Haya concedió a Nicaragua desde 2012.
Coronell coincide en que la segunda razón de la ausencia de Colombia en la sesión de la OEA era la gestión para lograr liberar a un grupo de al menos 14 presos políticos, entre ellos los excandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora Barberena y Félix Madariaga. “En esta intermediación también participa Cuba”, agrega el periodista.
"Colombia no podía ceder su soberanía y mucho menos a una dictadura que con infamias, con oprobios, está sometiendo a todo un pueblo", dijo Iván Duque en entrevista con Camilohttps://t.co/m0M8yILWxh
— CNN en Español (@CNNEE) September 8, 2022
¿Razones estratégicas y humanitarias?
En la única comunicación oficial ante la lluvia de críticas, un comunicado firmado por Leyva, que llegó después de días de controversia y especulaciones, la Cancillería aseguró sin mayores detalles que la ausencia de Colombia en la sesión del pasado 12 de agosto fue por razones estratégicas y humanitarias, pero no ideológicas.
Habló entonces de la “ventana de oportunidad para una acción humanitaria de envergadura en Nicaragua”. Que coincidió con la votación de aquel día en la OEA. “Se guardó silencio diplomático, debido a que no podíamos hacer públicas las gestiones internacionales que se estaban adelantando, antes de obtener un resultado”, se escudó.
Reacción de la derecha
La derecha no ha perdido la oportunidad de acusar a Petro de promover una política exterior ideologizada, en línea con la izquierda autoritaria de América Latina.
Desde entonces, el Centro Democrático, declarado en oposición al Ejecutivo, ha anunciado que promoverá sendos debates contra el ministro de Relaciones Exteriores, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.
En ambos casos, el Gobierno se encamina a tener amplias mayorías que deberían impedir una improbable censura.
Petro, que se posesionó el 7 de agosto, busca marcar el camino de la nueva izquierda latinoamericana. Pero el liderazgo regional al que aspira también se juega en sus posturas con respecto a la vieja izquierda.
Petro necesita a sus aliados
En campaña se distanció de los regímenes autoritarios como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, tanto La Habana como Caracas son clave para la paz total que persigue el Gobierno, que pasa por una negociación con la guerrilla del ELN.
En esos dos casos, avanza una bienvenida normalización, luego de años de tensiones diplomáticas en el periodo de Iván Duque.
Es en Managua donde —por ahora— más se ha empantanado la nueva diplomacia colombiana.
