El cuerpo de Sergio Adrián Hernández Güereca cayó sin vida en el lado mexicano de la frontera, separado por una línea invisible de EEUU y de la pistola todavía caliente de un agente fronterizo.
La escena resucita ahora en la Corte Suprema estadounidense, que decidirá qué reglas rigen en esta «tierra de nadie».
Este mes, la máxima instancia judicial de Estados Unidos aceptó considerar los reclamos de la familia del adolescente mexicano, que tenía 15 años cuando el agente fronterizo Jesús Mesa le disparó.
Hacía calor aquel día de verano de 2010 y Hernández Güereca estaba jugando con tres amigos en una zona que separa El Paso (Texas, EEUU) de Ciudad Juárez (México). El juego consistía en correr hasta la valla metálica de Estados Unidos, tocarla, corretear y volver a toda velocidad hasta la parte mexicana.
En su recurso ante la Corte Suprema de EEUU, los abogados del mexicano defienden que los niños estaban jugando y no representaban ninguna amenaza para los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
«En un intervalo de unos segundos, el agente Mesa sacó su arma, apuntó a Sergio y le disparó en la cabeza, justo al lado del ojo», narra la defensa, que asegura que ni el propio agente Mesa ni ninguno de sus compañeros de la patrulla fronteriza ofrecieron después ayuda al joven, mortalmente herido.
La versión de las autoridades de EEUU es bien distinta. Solo un día después del suceso, el FBI aseguró que Mesa respondió a «un grupo de supuestos inmigrantes ilegales que trataban de entrar de manera ilegal en México» y disparó porque estaba «rodeado» de jóvenes que le lanzaban piedras.
Un video grabado con un teléfono móvil desmintió esa versión: mostró que Mesa no estaba rodeado y que disparó contra Hernández Güereca varias veces y mientras el joven se asomaba desde detrás de una columna de cemento del Puente Negro, un paso de ferrocarril que conecta México y EE.UU. y donde tuvo lugar el suceso.
A pesar de ese video, el Departamento de Justicia de EE.UU. terminó en 2012 una investigación con la conclusión de que no había suficientes evidencias para acusar al agente Mesa de homicidio.
El Gobierno estadounidense, que aún no ha interpuesto escrito alguno ante el Tribunal Supremo, ha asegurado durante años que Hernández Güereca formaba parte de un grupo de traficantes de personas y en el momento de su muerte, no estaba jugando, sino tratando de incurrir en alguna actividad ilegal.
Poco más de 18 metros separaban al mexicano del agente estadounidense, que hacía la ronda en bicicleta en la zona del Río Bravo, una de las áreas de la frontera con mayor tránsito.
Esa distancia de 18 metros será una de las cuestiones clave que evaluarán los ocho jueces en activo de la Corte Suprema, que debe decidir si la Constitución de EE.UU. protege los derechos de un ciudadano mexicano muerto en México, pero en una zona donde los agentes estadounidenses ejercen su poder.
En otras palabras, se definirán las normas que rigen en «tierra de nadie», la frontera entre México y EE.UU., y determinará si aquellos que sufren daños en territorio mexicano por un uso excesivo de la fuerza de los agentes estadounidenses pueden buscar una reparación en Estados Unidos.
Con su decisión, previsiblemente en junio de 2017, la Corte Suprema se introducirá en el microcosmos militarizado de la frontera entre México y Estados Unidos, un lugar con gran presencia militar destinada a responder a la desesperación de los indocumentados y las ansias carroñeras de los carteles del narcotráfico.
La militarización de la frontera ha provocado la muerte de muchos otros individuos, tanto estadounidenses como mexicanos.
En ese sentido, en un escrito interpuesto ante la máxima instancia judicial, el Gobierno mexicano asegura que la muerte de Hernández Güereca «no es un caso aislado» y cita datos del propio Ejecutivo estadounidense para mostrar que 51 personas murieron por acciones de la patrulla fronteriza entre 2005 y 2015.
Nunca nadie sabrá qué tenía en mente Hernández Güereca cuando a plena luz del día se aventuró en una de las zonas más vigiladas de la frontera. ¿Trataba de colar por la valla algún pequeño paquete de manera ilegal o estaban haciendo algo arriesgado por la pura delicia de sentir la adrenalina latir en los oídos?.
Sin importar los motivos, lo que deberán dilucidar los jueces de la Corte Suprema es si el concepto de frontera significa impunidad y, en caso de que no sea así, qué reglas rigen y qué Gobierno, el de Estados Unidos o el de México, debe hacerlas cumplir.
Con información de EFE
