El refrán «la justicia tarda, pero llega» se aplica al caso de Christian Carlos Sierralta Navarro, empresario hispano-venezololano, cuyo caso judicial es aceptado e ingresa al despacho de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
El Político.-
Este empresario ganadero, que hacía vida en la ciudad de calabozo, estado Guárico, es una muestra palpable de las injusticias del sistema judicial venezolano, impuesto por el régimen del dictador Nicolás Maduro Moros,
Una vasta conspiración de funcionarios policiales y judiciales afectan al economista y empresario Christian Carlos Sierralta Navarro, de treinta y ocho años de edad,
Este empresario sufrió el secuestro y asesinato de su pareja, Gabriela Alejandra Vitale Zechini.
El crimen había sido resuelto policialmente, pero al presuntamente negarse el empresario a cancelar 10 millones de dólares, el juez que llevaba la causa, cambió la sentencia y acusó a Sierralta Navarro de ser el asesino.
Medios de comunicación de la zona llanera central, de Venezuela, difundieron versiones según las cuales Sierralta cometió el crimen para recibir en herencia gran cantidad de bienes y dinero.
Sin embargo estos nunca ofrecieron pruebas.
Las autoridades apresaron en calidad de cómplice a su socio Andrés Salvador Flores Figueroa, de 49 años de edad.
También al abogado de San Fernando de Apure, Francisco Javier González Araque, de 58 años de edad.
2013 comienza todo
Las averiguaciones comenzaron en octubre de 2013 con la denuncia sobre la desaparición de la víctima.
El 1° de noviembre la doméstica de la vivienda recibió una llamada en la que supuestos captores exigían el pago de 20 millones de bolívares.
Sierralta Navarro permanece preso en la Penitenciaría Judicial de Apure, en San Fernando de Apure, capital del estado del mismo nombre.
Tiene prohibidas las visitas y se le niega el traslado al tribunal que lleva su caso.
Fiscal huyó del país
Por el caso fue destituido y procesado el Fiscal 5º de Guárico que llevaba el caso, Rafael Barrera., El Tribunal 4º de Control de San Juan de los Morros, con decisión de la Juez María Alejandra Martínez, acordó órdenes de captura contra los acusados por supuesta extorsión.
El fiscal Barrera y su esposa huyeron del país. Se cree que están ocultos en Colombia.
