Los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz de Colombia radicaron esta semana la imputación de cargos a 725 exparamilitares por 22.221 delitos cometidos en el conflicto armado.
Por estos hechos, se estipulan cerca de 49.000 víctimas. Son casos que no se habían llevado ante audiencias de Justicia y Paz o que solo han sido mencionados ante la justicia ordinaria.
La radicación de la imputación de cargos se efectuó en los tribunales de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, según la zona de incidencia de los paramilitares. (Lea también: Los exparas extraditados que hacen ‘conejo’ a la justicia colombiana)
Los magistrados darán a conocer en las próximas semanas las audiencias de formulación de cargos.
La vicefiscal general de la Nación, María Paulina Riveros, señaló que con estas macroimputaciones se estaría en el proceso de cierre parcial de ocho bloques de las Auc y con el cual se pretende agilizar la judicialización de hechos cometidos por paramilitares.
Entre la lista se encuentra el bloque comandado por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, preso en EE. UU. por narcotráfico, y que comprende los grupos Norte, Catatumbo y Montes de María.
También está el Bloque Central Bolívar, Cacique Nutibara, Héroes de Granada, Héroes de Tolová, Élmer Cárdenas, Pacífico, Centauros y Calima y Bananero. Este último al mando de Hébert Veloza, ‘HH’.
Además de Mancuso, entre los demás exjefes paramilitares que conformaban los bloques y que deben responder por estos hechos están: Rodrigo Pérez Alzate, ‘Julián Bolívar’; Diego Fernando Murillo Bejarano, ‘don Berna’; Freddy Rendón Herrera, ‘el Alemán’; Manuel de Jesús Pirabán, ’Pirata’; Jorge Iván Laverde Zapata, ‘el Iguano’; Iván Roberto Duque Gaviria, ‘Ernesto Báez’; Hébert Veloza García, ‘HH’; Hernán Giraldo Serna, ‘el Patrón’ y Edwar Cobos Téllez, ‘Diego Vecino’. (También: No habrá una verdad en Justicia y Paz: Corte Suprema)
Uno de los casos que documentó la Fiscalía es la masacre de La Rochela, registrada en 18 de enero de 1989, en la que murieron 12 personas: dos jueces, dos secretarios, dos conductores y seis integrantes de la Policía, en el municipio de Simacota (Santander).
El ataque, afirma la Fiscalía, fue planeado y ejecutado por la organización de las autodefensas Mas, conocidos como ‘los Masetos’, que operaba en el Magdalena Medio.
Otra es la masacre de Bojayá (Chocó) y desplazamientos masivos en los años 2002 con 1.300 víctimas. También hay casos de desplazamientos como el ocurrido entre el 12 de enero de 1999 y el 24 de agosto de 2000 en Pivijay (Magdalena), la masacre de Nueva Venecia cuando 300 personas tuvieron que dejar sus tierras.
Además se imputará cargos por el homicidio del profesor Alfredo Correa de Andreis, 17 de septiembre de 2004, en Barranquilla (Atlántico). Correa era ingeniero agrónomo y sociólogo, enseñaba en las Universidades del Norte y Simón Bolívar. La muerte de la fiscal especializada de Sincelejo, Yolanda del Carmen Paternina Negrete, el 29 de agosto de 2001, en Sincelejo (Sucre) y del diputado de Meta, José Rodrigo García Orozco, en Villavicencio (Meta), el 26 de noviembre de 1992.
Los casos fueron agrupados de acuerdo al fenómeno criminal y las zonas en las que se dieron. Según la Fiscalía se busca garantizarles a las víctimas el derecho a la verdad como lo establece la Ley 975 de 2005.
La Fiscalía advierte que el trabajo que se viene es amplio porque implica hacer retransmisiones con cárceles nacionales y con quienes se encuentran extraditados en los Estados Unidos. (También: El nuevo lío que enfrenta el exparamilitar ‘Julián Bolívar’)
Los que se encuentran en libertad tienen la obligación de asistir a las audiencias o serían excluidos.
Lo mismo ocurre con los que están fuera del país. Sin embargo, el Ministerio de Justicia denunció hace unas semanas que se desconoce el paradero de ‘HH’, quien quedó en libertad el pasado 31 de octubre tras terminar de pagar su pena por narcotráfico en EE. UU.
Con información de El Tiempo
