Tras haber quebrado el país con su política de expropiaciones, el chavismo está abandonando la doctrina socialista y traspasando empresas clave a inversionistas privados. Ofrece ganancia a cambio de una participación en ingresos o productos.
El Político
El régimen de Nicolás Maduro carga con cientos de empresas estatales quebradas en una economía que esta en caída libre.
Nueve personas con conocimiento del asunto sostienen que docenas de plantas químicas, procesadores de café, silos de granos y hoteles confiscados en las últimas dos décadas han sido transferidas, pero no vendidas, a operadores privados en las llamadas alianzas estratégicas.
Los administradores cubren la nómina y las inversiones. A cambio entregan productos y un porcentaje de sus ingresos al Gobierno.
«Creemos que esto es positivo porque es la sincronización del sector público con el sector privado», sostiene Ramón Lobo, legislador del partido socialista gobernante y exministro de Finanzas. «El Estado actúa como supervisor y recibe una retribución».
Bajo la sombra de la Ley Antobloqueo
El cambio es notorio en la agricultura. Parte del esfuerzo de Nicolás Maduro por alimentar a una población hambrienta después de siete años de colapso económico y social.
No está claro cuánto dinero aporta la nueva política. En linea con la aprobación del año pasado de una ley «antibloqueo» con la cual se buscaba reducir el impacto de las sanciones de Estados Unidos e incentivar la inversión.
Lo cierto es que el régimen de Maduro ahora permite que fluyan las remesas en dólares y la empresa privada florezca en pequeños bolsillos. Maduro tomó el poder hace ocho años, después de la muerte de Hugo Chávez.
Chávez inició la revolución socialista al confiscar mas de 1.000 empresas y numerosas granjas y propiedades. Incluidos activos de multinacionales como Kimberly-Clark, Cemex y Kellogg.
Es de hacer notar que las nuevas empresas estatales fracasaron debido a una mala gestión. Utilizando sus vastos ingresos petroleros, el Gobierno reemplazó los cultivos y la fabricación local por importaciones.
La petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, fue puesta en manos de aliados y también se volvió ineficiente. Convirtiéndose en efecto en un brazo del partido de Gobierno. Fue llevada a la ruina y forzada a recortar su producción.
Entre eso y las recientes sanciones de EE.UU., que aumentaron significativamente durante la presidencia de Trump, han destrozado una sociedad que alguna vez estuvo entre las mas ricas del mundo.
¿Qué pasó con esas empresas?
Rodrigo Agudo, jefe de la Red de Alimentos de Venezuela, señaló que mas de cinco millones de venezolanos han huido del país en un intento desesperado por evitar la ruina. «El Gobierno de Maduro dio un giro en U a fines de 2019 al promover un capitalismo salvaje».
Añadió que «dejó de recaudar impuestos sobre ciertas empresas, otorgó licencias de importación y convenció a funcionarios militares y otros a invertir dinero de orígenes desconocidos en empresas locales».
Las alianzas estratégicas comenzaron a formarse silenciosamente en 2017. La publicación del año pasado de la «ley anti bloqueo» otorgó a los acuerdos una base legal. Eludiendo regulaciones como los procesos de licitación.
Aguieros negros con las nuevas empresas
Pero la naturaleza precisa de los nuevos acuerdos, ya sean arrendamientos, licencias o comodatos, no está clara. La ley antibloqueo prohíbe revelar dicha información. Teóricamente para proteger a las empresas de las sanciones de EE.UU., que están dirigidas a entidades que hacen negocios con el Gobierno. Pero excluye a empresas privadas.
Los ministerios de Agricultura e Información no respondieron a solicitudes de comentarios.
En algunos casos, las propiedades incautadas están volviendo a aquellos de quienes fueron confiscadas. En otros, los propietarios se niegan a participar. Términos de asociación similares se han establecido anteriormente en la industria petrolera.
También en PDVSA
PDVSA otorgó a las empresas locales más control sobre activos estatales como petróleo y plantas de compresión de gas para operar y aumentar la producción. Y en algunos casos, PDVSA otorgó a los socios más capital en sus empresas conjuntas.
Lobo, el legislador socialista, dijo que los acuerdos tienen plazos, generalmente de cinco a 10 años, y funcionan como una concesión. La empresa privada se compromete a invertir, aumentar la producción dentro de un plazo y administrar el activo.
En el campo
La mayoría de los nuevos acuerdos se realizan en zonas rurales del país. Agropatria, un negocio de suministros agrícolas de tamaño monopólico, nacionalizado en 2010, que dirigía cinco empresas, ahora está recurriendo a la gestión privada.
Más de la mitad de sus 70 tiendas y dos de sus plantas de pesticidas, confiscadas «para liberar a los productores de la extorsión y los intermediarios», según el entonces presidente Chávez, ahora son administradas por Agrollano 2910. Una empresa agrícola local que esta invirtiendo casi 150 millones de dólares para reabastecerse, según fuentes de Bloomberg.
Lácteos Los Andes, un gran procesador de leche y fabricante de bebidas comprado por el Gobierno en 2008, ahora es administrado por una empresa privada venezolana. Aunque no se han realizado cambios oficiales en el consejo.
Dos plantas de procesamiento de granos del Gobierno, en su mayoría inactivas desde su inauguración en 2007, han sido transferidas por el chavismo, pero no vendidas, a empresas privadas locales.
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