No desiste de su historia sobre una supuesta reunión en Olivos entre Cristina y Casanello, el año pasado. Pero ayer, Lázaro Báez llegó más lejos: en una ampliación de la recusación al juez, presentada ante la sala II de la Cámara Federal, el empresario lo acusa de participar de un plan para proteger a la ex presidenta y sus funcionarios, del que también habrían sido figuras clave la procuradora Alejandra Gils Carbó, sus ayudantes de la PROCELAC Carlos Gonella y Omar Orsi, y el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
Según afirma el zar de la obra pública K, las razones para pedir que lo aparten a Casanello del caso «han ido ‘in crescendo'», culminando con el llamado a indagatoria a él y sus hijos «sin datos válidos». A través de sus abogados Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari, Lázaro recoge todas las denuncias iniciales sobre «la ruta del dinero K» que llegaron a los tribunales tras el programa de Periodismo Para Todos que reveló el caso, el 14 de abril de 2013 -las de los abogados Alejandro Sánchez Kalbermatten, Ricardo Monner Sans y Fernando Miguez, y la diputada Elisa Carrió- para argumentar que Casanello mantiene un «encapsulamiento de la pesquisa y el direccionamiento hacia mi persona sin investigar a los funcionarios públicos».
En su nuevo intento por voltear al juez, Báez afirma que el supuesto plan para direccionar la causa comenzó con la presentación de la AFIP como querellante en el caso,y continuó con la actuación del ministerio Público y de la PROCELAC, «pues de todos los reportes de operaciones sospechosas analizados, ninguno correspondía a mi persona ni a mis empresas».
Con Información de: La Razon
