Autoridades y representantes de diferentes organismos y de la sociedad civil se dieron cita hoy en Montevideo para «rendir cuenta» de los avances logrados un año después de la implementación de un plan nacional contra la violencia de género, con motivo del día internacional contra dicha lacra.
«Es muy importante que hayamos transitado y fortalecido los caminos de planificar las acciones, de realizar planes (…) que recogen las demandas, los puntos de vista y las propuestas de la sociedad civil y de los tres poderes del Estado. Yo creo que esto es de una trascendencia enorme, muestra un avance muy grande que esta realizando el estado uruguayo», declaró la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi en el acto.
Aun así, varias personalidades se refirieron al «vaso medio vacío» en relación al trabajo que queda por hacer.
«Sentimos mucha frustración porque pese a todo el trabajo realizado, todavía sentimos que no estamos dando en la tecla. Los números que estamos manejando del Ministerio de Interior nos muestran que la realidad todavía sigue siendo un fuerte desafío para el Uruguay», declaró Mariella Mazzotti, directora del Instituto Nacional de las Mujeres.
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Las cifras difundidas por Interior denuncian que cada 13 días muere una mujer en Uruguay por violencia machista y que en los últimos 10 meses se recibió una denuncia por agresión doméstica cada 17 minutos.
Por otro lado, la implementación del Plan impulsó la presentación en abril de un proyecto de ley integral contra la violencia de género que actualmente sigue en el Parlamento.
«Esperemos que en los primeros meses de 2017 estemos aprobando la ley porque obviamente al tren que vamos yo se que este año no llegamos. No se puede esperar más», declaró Arismedi.
El Plan de Acción que se enmarca para los próximos 3 años tiene entre sus cometidos mejorar el acceso a la justicia a mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Tras su implementación, se incrementaron en 8 los juzgados de familia especializados y en 56 las unidades especializadas en violencia doméstica y género.
También se creó el grupo de trabajo de políticas de género en el poder judicial, la unidad especializada en género de la fiscalía general de la nación y se incrementaron en 6 las fiscalías especializadas en violencia doméstica.
Asimismo, el plan permitió que se fortaleciera el sistema interinstitucional de respuesta integral a la violencia de género mediante la evaluación de los servicios de atención y la actualización de protocolos posibilitando la revisión del modelo de atención integrando el modelo de reeducación de varones que ejercen violencia de genero contra mujeres que son o que fueron sus parejas.
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Las autoridades destacaron también «la sensibilización y promoción de pautas de relacionamiento no violento entre diferentes actores y colectivos de la sociedad, para intentar de esta forma generar un cambio cultura y de pautas de convivencia», entre otros aspectos.
«Hemos desarrollado prácticamente todos los compromisos que asumimos a través del Plan» dijo el fiscal de Corte, Jorge Díaz.
Aun así, Díaz señaló que sigue preocupando «muchísima la fragmentación de la respuesta a nivel del sistema judicial y de las fuerzas de seguridad».
Como valoración general, Mazzotti señaló que 18 instituciones y 11 comisiones departamentales (provinciales) del país reportaron actividades vinculadas al plan, lo que «quiere decir que es efectiva la voluntad política en hacer un esfuerzo en relación a la cuestión de la violencia de género como primera prioridad del Gobierno».
«Sin embargo podemos decir que todavía falta mucho, (…) la violencia de género no solo en ámbito privado sino también en los institucionales y de trabajo, en los callejeros. Eso de alguna manera da cuenta también muchos desafíos que hay», concluyó.
Con información de: EFE
