El Gobierno argentino acatará el fallo de la Corte Suprema que hoy frenó la aplicación de un aumento en las tarifas del gas para usuarios residenciales y anunció que convocará a la brevedad a audiencia pública para debatir un nuevo cuadro tarifario.
«Tal como nos pide el fallo de la Corte, estamos hoy convocando a audiencias públicas en el término más breve posible que permite la ley, que son más o menos en tres semanas, para poder normalizar la discusión hacia adelante», dijo en una rueda de prensa el jefe de Gabinete argentino, Marcos Peña.
«Nuestra tarea no pasa por discutir u opinar sobre los fallos de la Corte Suprema, sino cumplirlos», añadió el jefe de Gabinete.
El Supremo argentino invalidó este jueves el aumento en las tarifas del gas dispuesto en abril pasado por el Gobierno porque, según se alega en el fallo, el Ejecutivo debió someter la medida a consulta pública antes de aprobarla.
Peña sostuvo que el fallo «permite terminar con una cierta incertidumbre que se generó en estos cuatro meses de discusión» y dijo que se instruirá a las empresas distribuidoras para que vuelvan a emitir las facturas con el cuadro tarifario anterior al dispuesto en abril.
La actualización del cuadro de tarifas del gas había supuesto inicialmente aumentos de hasta el 800 % aunque posteriormente el Gobierno fijó un tope de subida del 400 % para los usuarios residenciales ante al fuerte descontento social.
La decisión de la Corte, tal como lo destacó Peña, no afectará a otros tipos de usuarios como los industriales o comerciales, a los que también se habían aplicado subidas con un tope máximo del 500 %.
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, dijo en la rueda de prensa que de ahora en adelante se tendrá en cuenta la «interpretación» de la Corte sobre los mecanismos para establecer tarifas en el precio de gas, que para el Supremo no puede hacerse sin antes convocar a una audiencia pública que, cuyo resultado no es sin embargo vinculante para el Ejecutivo.
«Aparte de esta audiencia que vamos a convocar para explicitar cuál ha sido el marco regulatorio y el cuadro tarifario que aplicamos durante estos meses para que la ciudadanía pueda tener la posibilidad de participar, informarse y ser consultada», dijo Aranguren.
«Ratificamos que en el último trimestre de este año, particularmente en octubre, vamos a tener una revisión tarifaria integral, con el proceso de audiencia pública incluida», añadió.
En ese proceso de revisión integral, según explicó el ministro, las empresas deberán exponer cuál es la calidad del servicio que van a ofrecer, cómo mejorarán las prestaciones en los próximos cinco años y qué inversiones harán.
EFE
