El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, acusó al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela de actuar con «un claro sesgo político» al aplazar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro a 2017.
«El referendo revocatorio pertenece a la gente, y al CNE le corresponde asegurar las garantías para la libre expresión del pueblo, en lugar de cercenar y pretender anular sus derechos», consideró Almagro hoy en un comunicado emitido por la OEA.
El excanciller uruguayo, una de las voces más críticas con el Gobierno de Maduro, aseguró que las fechas anunciadas este jueves por el CNE constituyen «una maniobra más para dilatar el proceso e impedir que el referéndum revocatorio se haga realidad este año».
«No es posible que se sigan violando los plazos constitucionales, no es posible que se siga manipulando la voluntad de los electores, es totalmente inadmisible que se pretenda recortar los derechos civiles y políticos a través de interpretaciones tendenciosas por parte del CNE», afirmó.
Con este pronunciamiento Almagro volvió a «exigir» que el revocatorio se celebre antes de terminar el año, como pide la oposición, ya que si se celebra después del próximo 10 de enero y Maduro lo pierde, la Presidencia pasaría a manos del vicepresidente y no se podrá elegir a un nuevo jefe de Estado.
Para Almagro, el CNE «cambió arbitrariamente y con manifiesta intencionalidad las reglas del juego» al determinar que la recogida del 20 % de las firmas necesarias para convocar el referendo se realice por estados, en lugar de a nivel nacional.
«Los organismos electorales no existen para desvirtuar la democracia y actuar al servicio del Gobierno de turno, es su naturaleza y su obligación la de cumplir como vehículos de afianzamiento de la voluntad de la gente», señaló.
En este sentido, recordó que para el revocatorio de 2004 contra el entonces presidente Hugo Chávez, bajo la misma ley, la recolección del 20 % de las firmas se hizo a nivel nacional, lo que, a su juicio, «tiene pleno sentido, dado que el cargo en cuestión es el de presidente de la República, un cargo nacional».
«La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, y las rectoras Sandra Oblitas, Socorro Elizabeth Hernández y Tania D’Amelio dan muestra de una elevada impericia técnica impropia de la responsabilidad que deben cumplir. Su papel es el de asegurar que el 100 % del padrón electoral venezolano esté en condiciones de firmar, si así lo desea, no el de certificar la erradicación de los derechos de las personas», consideró Almagro.
«Se requiere imperiosamente -prosiguió- asegurar el número de máquinas necesario en la totalidad de los distritos para atender a los más de 19 millones de electores venezolanos y realizar una distribución distrital adecuada y justa que no favorezca descaradamente la posición del Gobierno».
«Esta decisión es anticonstitucional, viola el espíritu mismo del revocatorio y pretende llevarse por delante el último atisbo de esperanza democrática en Venezuela», agregó.
Almagro insistió además en que tiene que haber observación internacional en el proceso del revocatorio «para evitar ulteriores violaciones a ese derecho», aunque Venezuela ya rechazó su oferta de que la OEA se encargue de esa observación.
Con información de EFE
