Los grupos parlamentarios de los partidos CDU/CSU (conservador), SPD (socialdemócrata) y Alianza 90/Los Verdes aprobaron una moción de apoyo al proceso de paz en Colombia. Según el documento, «la reciente firma del acuerdo sobre el cese al fuego bilateral y la entrega de armas de los rebeldes, constituye para el gobierno colombiano y la guerrilla FARC un logro determinante en el camino hacia la paz».
El «considera que el proceso de paz en Colombia va por buen camino, y comparte la esperanza de las colombianas y los colombianos de que el conflicto armado termine definitivamente». En este sentido, «insta a todas las fuerzas políticas de Colombia y a la sociedad de ese país a que presten un aporte constructivo para que termine la violencia y apoyen activamente el proceso de paz», continúa la moción.
Los diputados alemanes de los partidos mencionados se dicen conscientes de que la firma del Acuerdo de paz marcará solamente el comienzo, «y que el camino hacia una pacifiación duradera del país será largo y difícil». Por eso, el Bundestag «alienta a los diferentes grupos sociales a que aborden abiertamente, en un diálogo plural, los temas de esclarecimiento de la verdad, construcción de memoria histórica y reconciliación. Esto será imprescindible para que el anhelado acuerdo de paz pueda perdurar en el tiempo; principalmente, en las regiones directamente afectadas por el conflicto».
La moción reconoce la designación del diputado Tom Koenigs como Enviado Especial del Ministro de Relaciones Exteriores para el proceso de paz en Colombia. Ésta «da un peso adicional al compromiso alemán» con el proceso de paz.
Entre los desafíos del proceso de paz se encuentra el acompañamiento de un compromiso firme en la lucha contra la desigualdad y la pobreza. Los diputados observan además «con gran preocupación la presencia creciente de grupos paramilitares en muchas partes del país».
Finalmente, la moción insta al gobierno federal a que acompañe y siga apoyando el proceso de paz en Colombia, así como al modelo de justicia transicional negociado entre el gobierno colombiano y las FARC. Todo esto «permitirá fortalecer la participación de la sociedad civil, así como el diálogo entre la sociedad civil y el Estado».
