Es junio, el mes del periodista, y mientras algunos recuerdan con orgullo las coberturas difíciles o las redacciones compartidas, otras familias viven en espera.
En algún lugar del país, una madre espera frente a una reja que no se abre. Sabe que no habrá abrazo. Que no podrá verle el rostro, ni siquiera de lejos. Solo imagina —porque no tiene certeza— que su hija, periodista, sigue viva tras meses de detención arbitraria. Es el mes del periodista en Venezuela, pero, para ellos, no hay nada que celebrar.
Mientras en otros países se entrega un premio, o se escribe un reportaje, aquí se cuentan días sin juicio y nombres en una lista de detenidos por ejercer el oficio más necesario cuando todo colapsa: contar lo que ocurre.
Rory Branker. Gabriel González. Carlos Marcano. Nakary Ramos. Son apenas algunos nombres entre los 19 periodistas que hoy están tras las rejas, según nuestros registros. Enfrentan procesos sin garantías, acusados de delitos como “instigación al odio” o “asociación para delinquir”, sin evidencia clara ni juicios transparentes. A veces, ni siquiera se informa a sus familiares del lugar exacto donde se encuentran. Esos primeros días, semanas incluso, sin saber si están vivos, se convierten en una forma de tortura para quienes los esperan.
El periodismo en la mira
En Venezuela, informar se ha vuelto una tarea peligrosa. La censura no solo llega en forma de bloqueos a portales web o amenazas telefónicas. Ahora, llega con un tribunal, con uniformados que detienen sin orden judicial, con leyes como la “Ley contra el Odio”, usada como herramienta para castigar la verdad.
Este contexto se suma a un patrón sostenido de censura, que incluye bloqueos de sitios web, confiscación de equipos y agresiones físicas, configurando un escenario donde ejercer el periodismo es cada vez más peligroso.
Tras las elecciones presidenciales de 2024, el cerco contra la prensa se volvió aún más asfixiante. En lugar de responder a las preguntas, el Ejecutivo respondió con silencio, opacidad y represión.
Un patrón documentado: detenciones, desapariciones, tortura
No se trata de hechos aislados. Informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han señalado con claridad que en Venezuela existe un patrón sistemático de represión: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violaciones al debido proceso, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra periodistas, defensores de derechos humanos y voces disidentes.
AI advirtió que en 2024, durante las semanas previas y posteriores al proceso electoral, al menos 12 periodistas fueron detenidos arbitrariamente. Además, se intensificaron los ataques contra medios independientes, el cierre de emisoras de radio y las restricciones de acceso a redes sociales, como X (antes Twitter). También se reportaron casos de hackeos y phishing dirigidos a periodistas y activistas para robar información y desmovilizar denuncias.
Estos actos violan obligaciones internacionales asumidas por el Estado venezolano, entre ellas el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Desaparición Forzada, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la propia Constitución Nacional, cuyo artículo 57 garantiza el derecho a la libre expresión y el acceso a la información.
La falta de notificación oficial sobre la detención, el lugar de reclusión y las condiciones físicas de los detenidos configuran la figura jurídica de desaparición forzada, un crimen de lesa humanidad según el derecho penal internacional.
Estas prácticas no solo vulneran la libertad personal y la seguridad jurídica de los periodistas, sino que constituyen una estrategia de represión que busca generar miedo, disuadir la labor crítica y restringir el derecho colectivo a la información.
Las familias de los periodistas detenidos experimentan un sufrimiento profundo, agravado por la opacidad estatal y la ausencia de mecanismos efectivos para el acceso a la justicia y la reparación
Familias que resisten
Detrás de cada periodista detenido hay una familia rota. Madres que recorren tribunales, abogados que no consiguen acceso a expedientes, hijos que preguntan por qué su padre no volvió a casa. La angustia es diaria. El dolor, constante. Pero también lo es la resistencia.
Cuando un periodista es encarcelado por contar la verdad, la víctima no es solo él o ella. También lo es el país entero, que pierde una ventana, una historia, un dato que debía conocerse. La prensa libre no es un privilegio: es un derecho. Y cuando se ataca, lo que se intenta destruir es la posibilidad de imaginar una sociedad más justa, más democrática, más libre.
Hoy, 19 voces están encerradas. Pero sus historias siguen vivas. Porque el silencio impuesto nunca será más fuerte que la necesidad de saber. En este mes del periodista, no hay aplausos ni ceremonias. Hay un llamado urgente: libertad para los periodistas detenidos en Venezuela. Justicia para sus casos. Garantías para que nunca más informar sea un delito.
