El Parlamento francés, con la aprobación en el Senado, adoptó la convención fiscal que se firmó con Colombia el 25 de junio de 2015 y que define las reglas para evitar la doble imposición, así como diferentes mecanismos para luchar contra la evasión y el fraude.
En un comunicado, el Senado destacó que la ley que autoriza la convención, que es la primera entre los dos países, se ajusta al modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y fija topes en la tasa de retenciones que podrán aplicar los dos Estados sobre los dividendos, los intereses o los cánones.
En concreto, los ingresos pasivos estarán sometidos a una retención del 5 o el 10 % para los dividendos, del 10 % para los intereses y del 10 % para los cánones.
A ese respecto, la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (que por su parte, había dado su visto bueno al texto el 30 de junio pasado), había indicado que los límites y las exoneraciones establecidos dan lugar a «un régimen más favorable que el de la OCDE».
También es mejor, de acuerdo con esa comisión, que el procedimiento que utilizaban algunas empresas, que ante la ausencia hasta ahora de una convención bilateral hacían sus inversiones a través de España, que tenía una en vigor desde 2005.
En cualquier caso, había insistido en que el nuevo dispositivo es más favorable que la retención del 33 % que aplicaba Colombia.
El acuerdo preserva la soberanía de los Estados con algunos ingresos, y en particular en las actividades extractivas, que son «de una gran importancia para Colombia«.
A ese mismo respecto, Francia puede aplicar sus regímenes fiscales específicos, en particular en inversiones inmobiliarias.
La comisión de Finanzas de la Asamblea había hecho hincapié en que Francia y Colombia «comparten un alto nivel de exigencia en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal», algo que ha quedado en evidencia en esta convención.
Así hay dos cláusulas contra los abusos generales y otras de carácter sectorial. Además, el dispositivo sobre la cooperación fiscal es la base jurídica para el intercambio automático de información que Francia y Colombia se han comprometido a aplicar desde 2017.
Con información de EFE
