El Parlamento español aprobó crear una comisión para investigar el uso «partidista» de los medios del Ministerio del Interior que supuestamente hizo su titular, Jorge Fernández Díaz, para actuar judicialmente contra determinados partidos a través de una «policía política».
La iniciativa fue respaldada con 206 votos de los grupos solicitantes -Partido Socialista (PSOE) y los nacionalistas vascos y catalanes-, Ciudadanos y Unidos Podemos, el rechazo de 136 diputados del Partido Popular (en el Gobierno) y la abstención de Coalición Canaria.
La comisión investigará tanto las conversaciones entre el exjefe de la Agencia Antifraude de Cataluña y el ministro, como la utilización de los efectivos, medios y recursos de las fuerzas de seguridad con fines políticos para obstaculizar «los escándalos de corrupción del Partido Popular (PP)» y demostrar si Interior filtró a la prensa informes falsos para actuar judicialmente contra determinados partidos.
Durante al menos tres meses, los socialistas también quieren que la comisión investigue a algunos mandos de la cúpula de la Policía por integrar «una verdadera policía política».
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La puesta en marcha de la comisión, sin embargo, está condicionada a que comience la legislatura y no se disuelva de nuevo el Parlamento para unas terceras elecciones generales a finales de octubre.
El ministro de Interior ha dicho que comparecerá «con mucho gusto» si es llamado a declarar, aunque dejó claro que la propuesta es una «ofensa» a las fuerzas de seguridad y supone una «irresponsabilidad» por parte del PSOE que hace «el trabajo sucio a los independentistas».
Durante la discusión de la propuesta Fernández Díaz tuvo que escuchar fuertes reproches de la oposición, sobre todo los lanzados por el PSOE, cuyo portavoz de Interior, Antonio Trevín, dijo que el Gobierno «debe rendir cuentas» por manchar «el buen nombre de la Policía».
«Queremos aclarar si el ministro del Interior ha creado una policía política y si lo sabe el presidente (del Gobierno, Mariano Rajoy) como aseguró el propio Fernández Díaz».
Y también críticas desde las filas de los nacionalistas, que llegaron a divulgar parte de las conversaciones grabadas entre el ministro y el exresponsable de la Agencia Antifraude catalana.
Frente a todos ellos, el portavoz adjunto del Partido Popular, Rafael Merino, calificó de «irresponsabilidad» que el PSOE propusiera investigar cuestiones de legislaturas pasadas.
Con información de EFE
