En una resolución pactada entre los principales grupos políticos (populares, socialistas y liberales), el Parlamento Europeo aprobó criticar las amenazas del régimen de Nicolás Maduro contra el bloque por adoptar sanciones, por ejemplo con la expulsión de la embajadora de la Unión Europea o el de España en Caracas, al tiempo que llama a la celebración cuanto antes de elecciones libres y creíbles en Venezuela para superar la crisis política y humanitaria.
El Político
La resolución fue presentada por eurodiputados del PPE, S&D y Liberales, entre ellos Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Javi López, Jordi Cañas, Soraya Rodríguez, Izaskun Bilbao y Javier Nart. En contra han votado los eurodiputados de Vox, de Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu y Junts per Catalunya.
Elecciones para acabar con la inestabilidad política
Los eurodiputados inciden en que el respeto de las instituciones y de los principios democráticos y la defensa del Estado de Derecho son esenciales para encontrar una solución a la crisis en Venezuela para beneficio de su población. Reclaman, por eso, elecciones presidenciales y legislativas libres, transparentes y creíbles como la única manera de salir de la crisis.
El Parlamento reitera su apoyo a Juan Guaidó como presidente legítimo de la Asamblea Nacional y presidente interino legítimo de Venezuela, y a la Asamblea Nacional, el único órgano democrático de Venezuela elegido legítimamente. La resolución rechaza las vulneraciones del ordenamiento democrático y constitucional, así como los actos de intimidación, la violencia y las decisiones arbitrarias contra los opositores.
Los eurodiputados lamentan las amenazas de Nicolás Maduro de expulsar de Caracas a la embajadora de la UE, en respuesta a las sanciones impuestas a once altos cargos venezolanos por violaciones de los derechos humanos y plantean que la Unión y los Estados miembros recurran a la reciprocidad si vuelve a suceder.
Grave crisis de Venezuela
El texto aprobado con 487 votos a favor, 119 en contra y 79 abstenciones, alerta de que la grave crisis humanitaria, política, económica, institucional y social se ha agravado por la llegada del coronavirus, en un país que sufre escasez de medicamentos y alimentos, hiperinflación y en donde se producen “violaciones masivas de los Derechos Humanos”, opresión política y corrupción y violencia que pone en peligro la vida de los venezolanos, obligados a huir del país
La institución europea también reitera con esta resolución su apoyo a Juan Guaidó como presidente legítimo de la Asamblea Nacional y presidente interino legítimo de Venezuela, y a la Asamblea Nacional, como único órgano democrático de Venezuela elegido legítimamente. También rechaza las vulneraciones del ordenamiento democrático y constitucional, así como los actos de intimidación, la violencia y las decisiones arbitrarias contra los opositores.
En este contexto, los eurodiputados tomaron nota de la última ampliación de la lista de sancionados con la que la UE elevó a 36 altos cargos venezolanos los castigados con la prohibición de entrada y la congelación de haberes por contribuir al deterioro de la democracia y el Estado de derecho en Venezuela.
En la última actualización, incluyeron 11 nombres entre los que está el presidente electo de forma ilegal de la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Parra, y la Eurocámara pide que “se refuerce y amplíe” la lista si continúa agravándose la situación y no cesa la represión.
Caso Delcy Rodríguez
La resolución insiste en que los países de la UE deben “restringir los movimientos” de las personas sancionadas y de sus familiares más cercados e “inmovilizar sus activos y visados”, además de pedir a los 27 un paso más para prohibir de inmediato el comercio y circulación del oro procedente de Venezuela.
Sobre las sanciones ya en vigor, los eurodiputados subrayan que los países de la Unión Europea están obligados jurídicamente a aplicar las medidas restrictivas, “en particular impedir la entrada en sus territorios respectivos o el tránsito por ellos a las personas a las que se aplican las medidas restrictivas”.
También avisan de que, en caso de excepciones, los gobiernos europeos también tienen la “obligación de notificar inmediatamente por escrito” al Consejo tales excepciones.
Estas referencias se producen meses después del incidente ocurrido en el aeropuerto de Madrid-Barajas, cuando la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo escala y se encontró con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a pesar de que la mandataria no podía aterrizar debido a las sanciones de la UE que pesan sobre ella por “graves violaciones de los derechos humanos”.
Fuente: Alberto News
