Este lunes 12 de agosto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fortaleció su política migratoria mediante una norma gubernamental que autoriza a los funcionarios federales negar la tarjeta verde a los inmigrantes legales que han recibido algunos beneficios públicos o aquellos que requieran hacerlo en el futuro, según anunció el director interino de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía, Ken Cuccinelli
El Político
Así el Gobierno pretende reducir el flujo de personas que llegan legalmente a Estados Unidos y de las personas inmigrantes que reciben un estatus de residencia legal, como lo ha venido haciendo el mandatario a lo largo de su presidencia.
Los beneficios cubiertos por el reglamento incluyen cupones de alimentos, asistencia social, Medicaid y ayuda para la vivienda. De modo que, los inmigrantes legales que requieran esta clase de asistencia tendrán más trabas para acceder a la residencia permanente.
La norma también estipula que el Programa de Seguro Médico, los beneficios alimenticios suplementarios para mujeres embarazadas, bebés y niños de ingresos bajos a moderados, no serán considerados como gastos de carga pública que asumirá Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional estimó que alrededor de 382.000 personas, podrían ser objeto de una revisión de carga pública cada año para lograr ajustar su estatus migratorio.
El Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), aseguró que otras 559.000 personas al año tendrían que ser investigados para determinar si serían una carga pública cuando soliciten visas de inmigrante en los consulados en el extranjero.
El Comité de Estudio Republicano, conformado por tres cuartas partes de los legisladores de la Cámara de Representantes del Congreso, catalogó la regulación como «un paso en la dirección correcta» en una propuesta de presupuesto publicada el pasado mes de mayo.
Otros grupos conservadores como la Fundación Heritage, señala que la medida es un medio para limitar la inmigración a los extranjeros autosuficientes que no serán una carga para los recursos públicos del país.
Por otra parte, Marielena Hincapié directora del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, anunció que presentará una demanda. «Esta última política de motivación racial» generará «un impacto humanitario nefasto, obligando a algunas familias a renunciar a la atención médica y a la nutrición que son fundamentales para salvar sus vidas».
Los demócratas de la Cámara de Representantes como los del Senado rechazaron la decisión después de que se publicara una versión preliminar.
Aunque el reglamento entrará en vigencia el próximo 13 de octubre, en esencia no ha cambiado mucho de la propuesta previa, salvo algunas modificaciones.
Fuente: Politico
