El Congreso estadounidense aprovechará la decisión de Donald Trump de no certificar el acuerdo nuclear con Irán para intentar endurecer el tratado firmado en 2015, sin sabotearlo del todo. AFP
El presidente estadounidense anunció este viernes que no certificará que Teherán respeta sus compromisos, lo que técnicamente autoriza a la Cámara a volver a imponer, tras 60 días de deliberaciones, las sanciones contra Irán suspendidas a cambio de las concesiones nucleares de hace dos años.
Pero eso no fue lo que le pidió Trump al Congreso.
«Ordeno a mi administración trabajar de cerca con el Congreso y nuestros aliados para llenar las numerosas y graves lagunas del acuerdo, con el fin de impedir que el régimen iraní amenace el mundo con armas atómicas», declaró el mandatario en la Casa Blanca.
La mayoría republicana se quedó corta de aniquilar en 2015 el acuerdo firmado por Barack Obama. Pero no está de todas formas lista para asumir la responsabilidad de anular unilateralmente un tratado apoyado por otras cinco potencias mundiales y que, salvo que se demuestre lo contrario, Irán respeta.
El regreso de las sanciones por iniciativa del Congreso en 60 días luce por tanto improbable.
La solución, cocinada por dos senadores republicanos en estrecha coordinación con la Casa Blanca y el Departamento de Estado, consistiría en votar una ley que crearía un nuevo umbral para la reactivación de sanciones contra Irán en el futuro. Una suerte de actualización, unilateral, del «JCPOA», como se conoce el acuerdo en Estados Unidos, según su acrónimo.
Si Teherán se encontrara a menos de un año de la producción de una bomba atómica, Estados Unidos sancionaría al país, e igualmente se agregarían criterios respecto a las pruebas de misiles intercontinentales.
Sobre todo, los legisladores planean hacer permanentes los límites impuestos al desarrollo nuclear iraní, que el acuerdo de 2015 prevé gradualmente elevar a partir de 2025. Esa futura luz verde gradual dada a Irán es, para los republicanos, la falla principal del acuerdo.
«Proponemos una vía que llenará las lagunas del acuerdo nuclear, manteniendo a la administración dentro del acuerdo», explicó Bob Corker, presidente de la comisión de Relaciones Extranjeras del Senado, coautor de la propuesta junto a su colega Tom Cotton, líder de los «halcones» anti-Irán en la Cámara Alta del Congreso.
– Amenaza de Trump –
Según ese texto, el presidente no tendría que suministrar más una certificación al Congreso cada 90 días sino cada seis meses, una frecuencia potencialmente más aceptable para el actual dirigente.
Queda por ver si el Congreso será capaz de aprobar una reforma así. Corker espera lograrlo dentro de los próximos 90 días, antes del próximo plazo de certificación.
La mayoría, por sí sola, no podrá alcanzarlo y necesitará de una parte de la oposición demócrata: en el Senado, una mayoría calificada de tres quintos, es decir 60 votos sobre 100, muy posiblemente será necesitada.
Sin embargo Corker sabe que «los demócratas no se unirían a nosotros si nuestros aliados europeos no estaban de acuerdo».
Él mismo, como numerosos senadores, se han reunido con los embajadores de los países europeos implicados, Francia, Alemania y Reino Unidos, que discretamente hacen ronda en el Senado desde hace semanas.
Bajo anonimato, diplomáticos consultados se alarman por la cláusula que haría permanente, más allá de 2025 o 2030, los límites impuestos al programa nuclear iraní, lo que podría constituir una violación del acuerdo de 2015.
Eso es lo que argumentaban el viernes Ben Rhodes y Wendy Sherman, dos exfuncionarios del gobierno de Obama que participaron en las negociaciones internacionales.
La cuestión de los próximos tres meses en el Senado será entonces para los legisladores calibrar la ley Corker-Cotton, literalmente, para que quede dentro de los «márgenes» del acuerdo.
Con la salvedad que en el Congreso, el final más probable con todo asunto controvertido es la inacción y la preservación del estatus quo.
Donald Trump lo sabe y por tanto ha lanzado una amenaza: «En caso en que no seamos capaces de encontrar una solución con el Congreso y nuestros aliados, el acuerdo será anulado».
