La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a las agencias federales a reanudar la implementación de la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump en febrero, que instruye a preparar reducciones de personal en diversas dependencias del gobierno federal. Esta decisión revierte una orden judicial previa que había bloqueado los despidos y permite que la administración continúe con su plan de recortes mientras sigue el proceso legal en tribunales inferiores.
El fallo, adoptado en una resolución no firmada, no se pronuncia sobre la legalidad definitiva de la medida, pero indica que la administración probablemente pueda demostrar que la orden ejecutiva y el memorando conjunto de la Oficina de Administración y Presupuesto y la Oficina de Administración de Personal cuentan con la autorización necesaria. Los demandantes mantienen la posibilidad de impugnar futuras acciones específicas.
Las agencias afectadas incluyen los departamentos de Agricultura, Energía, Trabajo, Interior, Estado, Tesoro y Asuntos de Veteranos, además de la Agencia de Protección Ambiental y la Administración del Seguro Social.
Se estima que al menos 75,000 empleados federales han aceptado renuncias diferidas y que miles más han sido despedidos, lo que podría impactar significativamente la plantilla en algunas dependencias.
La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única disidente en la Corte Suprema, calificando la decisión como “arrogante e insensata” y advirtiendo sobre posibles daños irreversibles antes de que se resuelva la legalidad de fondo.
Por su parte, sindicatos y organizaciones civiles han expresado preocupación por las consecuencias que estos recortes podrían tener en los servicios públicos y el funcionamiento del gobierno federal.
