En Venezuela la organización no gubernamental Espacio Público acaba de publicar su informe «Privacidad y datos personales en Venezuela, una aproximación a la legislación y práctica vigentes». En él se evidencia que la privacidad de las redes sociales y los datos personales son utilizados para perseguir a opositores al régimen de Nicolás Maduro.
El Político
Entre las irregularidades en la privacidad que suceden en el país caribeño están: encarcelamiento de ciudadanos por publicaciones a través de WhatsApp o Twitter, el acceso indebido a datos personales con recursos públicos, la revisión ilegal de equipos digitales por parte de funcionarios de seguridad del régimen.
El tema del desarrollo de la estructura legal de protección de datos en Venezuela es un asunto pendiente.
Para Espacio Público: «la ausencia de información pública en Venezuela, sumada a las restricciones a la labor de los periodistas, ha provocado que, en el contexto de la pandemia, profesionales de la salud publicaran datos por WhatsApp.
En el informe se comenta que: «En Venezuela el uso de la aplicación WhatsAp se popularizó durante la pandemia. Llegó a funcionar como espacio virtual de encuentros, foros y reuniones. Ejemplo de ellos son los llamados foro-chats».
Esta tendencia también ha traído como consecuencia la proliferación por vía digital de las llamadas noticias falsas o fake news
Casos
Durante el año 2020 se contabilizaron 16 casos de detenciones arbitrarias por la difusión de contenidos en WhatsApp. El informe señala que: «La crítica política, denuncias sociales, información sobre altos funcionarios, denuncias sobre presuntos hechos de corrupción, la difusión de convocatorias para protestar, o la mera circulación de información por parte de periodistas fueron parte de los contenidos que llevaron a los encarcelamientos».
Ejemplo preciso
En el informe se establece que: «La acusación más común fue la de instigación al odio, un delito que está estipulado en la Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia. Esta ley ha sido rechazada desde su aprobación, por ser incompatible con los estándares en materia de libertad de expresión«.
Darío Salcedo se encuentra detenido arbitrariamente desde el #5May. Es secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Pesca (Sinstrapescave) y padre de 4 niños
Su delito? Denunciar incumplimiento de beneficios laborales #CasosDDHH
Ayúdanos a pedir#LiberenADarioSalcedo https://t.co/BUyZzNXc8W
— Rocío San Miguel (@rociosanmiguel) May 19, 2020
Darío Salcedo, Secretario de Organización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Pesca Acuicultura y Actividades Conexas, fue detenido en mayo de 2020 por el Cuerpo de Investigaciones Civiles, Penales y Criminalísticas – CICPC, por denunciar en Twitter y WhatsApp irregularidades en la entrega de alimentos y beneficios laborales. Salió de la cárcel en julio, pero con una medida de arresto domiciliario.
Robo de datos privados
En cuanto a la vigilancia y el robo de información, Espacio Público publicó también en su informe que el acceso indebido a datos personales cuenta con recursos públicos y la incursión directa de entidades del régimen. Una actividad —a todas luces— ilegal, que es realizada con total impunidad.
«La activación de estos mecanismos revela la voluntad manifiesta del régimen en actividades ilícitas, validadas por la ausencia de contrapesos. De manera que la impunidad legitima este tipo de prácticas».
Equipos confiscados
El informa hace referencia también a las irregularidades cometidas por cuerpos de seguridad del régimen, al momento de la detención de algún ciudadano común o un periodista: «Policías y militares obligan a periodistas, reporteros/as, infociudadanos/as o particulares a borrar material o revisan directamente los equipos digitales».
En este mismo orden de ideas, el informe complementa que: «entre 2020 y 2021 se registraron 18 casos de confiscaciones ilegales y 13 episodios de amenazas o intentos violentos de revisión, con más de 20 reporteros/as afectados. La confiscación ilegal es una práctica que intenta —en principio— restringir la libertad de expresión e información».
A manera de conclusión
Para Espacio Público: «En Venezuela el poco avance en la legislación se conjugó con el desarrollo a largo plazo de una crisis institucional, que alejó las garantías de protección de los/as venezolanos/as.
Y agrega: «Un marco legal débil va de la mano con una voluntad represora, que en su intento de obstaculizar la libre difusión de contenidos, violenta —por acción u omisión— el derecho a la privacidad y protección de datos. Con ello se restringe la libertad de información, se castiga la difusión de la opinión e incluso se vulnera el derecho a la propiedad».
Para cerrar indican que: «A toda persona se le debe garantizar que sus datos de carácter personal sean protegidos y manejados bajo las normas de privacidad. Así, todos/as deben estar en capacidad de decidir quién puede tener información personal suya, conocer quién la solicita, qué clase de data tienen, cómo cambiarla o eliminarla y con qué fin se utiliza».
