Corrupción en la Bonaerense, falta de equipamiento, atraso tecnológico y fallas graves en la formación de los agentes. María Eugenia Vidal también remite a la herencia ante la interpelación por los hechos de inseguridad en el intenso territorio bonaerense y sostiene que “lo importante es hacer el trabajo que no se ve”, un discurso que por estos días se repite en funcionarios macristas de otras áreas. Intendentes peronistas del Conurbano apoyan las reformas en marcha, aunque reclaman mayor coordinación con los municipios y un “plan integral”. La disputa tiene como trasfondo el pedido de los jefes distritales por el traspaso de las policías locales con los recursos presupuestarios.
“Vamos hacia el traspaso, a un proceso gradual de autonomía, pero la discusión no puede centrarse en ese punto. Queremos una policía transparente, equipada, formada y entrenada”, aseguró Cristian Ritondo –ministro de Seguridad bonaerense- a Clarín, y argumentó su posición con datos del “programa exhaustivo” de evaluación de los agentes locales: de los 7.508 examinados hasta el momento, cerca de un tercio “no pueden ser policías” y otro tercio será “recapacitado”, según el funcionario. A fin de año se completará el análisis en los dos ejes –operaciones y psicológico- del total de los 16.636 efectivos y destinarán a una parte a otras tareas. Por el momento todos siguen cumpliendo funciones.
“Quisieron hacernos creer que más policías era más seguridad y eso es mentira. Muchos no saben tirar, no tienen vocación ni actitud. Creen que son empleados municipales. No sólo no pueden proteger a la población sino que son un peligro para ellos mismos”, apuntó Ritondo contra la gestión de Daniel Scioli, y expuso entre las medidas aumentar de seis a nueve meses el tiempo de formación, incorporar la currícula de la Metropolitana, mayores exigencias en el ingreso y reentrenamientos.
La preocupación por la inseguridad, siempre entre las principales de los bonaerenses en las encuestas, tomó otra vez centralidad luego de que en los meses anteriores la inflación, el ajuste de tarifas y el desempleo compitieran en los primeros lugares. Los llamados casos de “justicia” por mano propia y los recurrentes reclamos por homicidios en asaltos –uno cada 54 horas en la provincia, relevó Clarín- devolvieron la cuestión a un lugar central en la agenda.
“No es verdad que más policías o personas con uniforme es mejor policía. Lo importante es que apostemos a hacer lo que no se ve, que no se hizo durante mucho tiempo: el entrenamiento, la capacitación, el equipamiento”, dijo Vidal en Bahía Blanca. En el comienzo de la semana, la gobernadora y el ministro de Seguridad recibieron a intendentes del sur del Conurbano, que avanzaron con el reclamo del traspaso de las policías locales a los municipios.
Los integrantes del grupo “Esmeralda”, con el mismo planteo, se reunieron para exigir a su vez una mayor partida de recursos para las comunales. Las principales quejas resultaron coincidentes: cuestionaron que “hay buen diálogo pero poca coordinación”, la “ausencia” de un plan integral y la presencia de Gendarmes en los barrios, además del traspaso. También encendieron alertas por el “aumento de la inseguridad”, lo que desde la gobernación relativizaron.
En La Plata insistieron en que Vidal asumió la decisión política de avanzar “en un plan integral y no en medidas aisladas”, que las reformas abarcan las fuerzas de Seguridad, la Justicia y el Sistema Penitenciario, describieron los cambios en la estructura de la Policía, las auditorías en Asuntos Internos, las declaraciones juradas obligatorias, la inversión en equipamiento, tecnología y comunicaciones (un aumento del 119% en relación a 2015), la implementación del anillo digital (un sistema de cámaras lectoras de patentes) y el objetivo de mejorar la formación de los agentes. “Hay inversiones que no son políticamente rentables, pero es lo que hay que hacer”, aseguró Ritondo, y a su vez contrastó las sanciones con las del último año de la gobernación de Scioli: 5.400 sumarios (3.495 en 2015), 2.130 policías apartados, 187 exonerados y 186 detenidos.
“Estamos de acuerdo con exigir declaraciones juradas, repartir chalecos y capacitar mejor, pero eso no es un plan de seguridad integral y serio. Vamos a seguir reclamando un plan de trabajo con metas y objetivos claros”, planteó Gabriel Katopodis, intendente de San Martín, y entre los pedidos enunció el traspaso de la policía local, la presencia de gendarmes y la “profesionalización” de la Bonaerense: “Tiene que ser prioridad urbanizar las villas y combatir el narcotráfico, todo de manera integral y conducido por el Estado. Queremos aportar para un plan entre municipio, provincia y Nación”. La discusión asoma fuerte, tendrá implicancias en las negociaciones por el Presupuesto y será otra vez uno de los ejes de la campaña electoral.
Con información de El Clarín
