Los tribunales tendrán la última palabra sobre la aplicación del polémico proyecto de ley aprobado en Texas que prohíbe las «ciudades santuario» y autoriza la regla «enséñame los papeles» en el estado, debido a las demandas que han empezado a interponer los grupos proinmigrantes.
Según estipula el reglamento de la legislación texana, el proyecto de ley SB4 debería entrar en vigor a partir del próximo 1 de septiembre, una vez que el gobernador estatal, el republicano Greg Abbott, ratificó esta legislación hace dos días.
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Sin embargo, organizaciones proderechos civiles y autoridades locales han empezado a interponer demandas al estado de Texas para evitar que la ley entre en funcionamiento.
Una de las primeras demandas, afue interpuesta por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) en nombre de un pueblo estadounidense fronterizo con México llamado El Cenizo (Texas), que se querella contra el estado y sus máximos responsables, Abbott y el fiscal general, Ken Paxton.
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En este documento judicial, las autoridades locales de El Cenizo expusieron que la SB4 viola varios principios constitucionales, como la Quinta y la Decimocuarta enmiendas de la Constitución de EE.UU., ambas relacionadas con el procedimiento legal para detener a personas en terreno estadounidense.
Además, esta reclamación judicial asegura que el proyecto de ley texano no respeta las leyes federales de inmigración y pone trabas al trabajo de los agentes de policía y sheriffs.
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El director de asuntos de inmigración y expresidente nacional de LULAC, Hector Flores, explicó en declaraciones a Efe que este es el primero de «muchos litigios» que se presentarán en contra de esta legislación, que, dijo, «discrimina a todas las personas que tienen apariencia de ser inmigrantes».
«Esta ley va a agravar la relación entre los latinos y los oficiales de policía y va a potenciar los perfiles raciales», sentenció Flores, al mismo tiempo que lamentó que Texas esté dando «pasos atrás» en vez de avanzar en materia de derechos humanos.
Con información de EFE
