La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (TS), reunida este lunes en sesión ordinaria, ha emitido un comunicado por unanimidad donde recuerda que el Estado de Derecho «exige el absoluto respeto a la división de poderes» frente a «la supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado», tras el acuerdo alcanzado por PSOE y Junts que alude a los supuestos casos de ‘lawfare’.
El Político
«El Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes», afirma el alto tribunal.
🇪🇦 | Comunicado de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo contra el golpe de estado de Sánchez. pic.twitter.com/GIbRng8J5B
— ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) November 13, 2023
De esta forma, reivindican también que «el ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley«.
Por eso, «enfatiza la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones», indicando expresamente que «ve incompatible con ella la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado».
Tribunal Supremo de España pide «respeto a la división del poderes» frente a la amnistía de Pedro Sánchez y, de ser así, que se deriven las «consecuencias» oportunas, lo que podría acabar en querellas pro prevaricación contra jueces y magistrados, además de responsabilidades civiles y disciplinarias.
Fuentes jurídicas han desvelado a laSexta que los magistrados del Tribunal Supremo cuestionan la constitucionalidad del «blindaje» que hace la ley de amnistía a los condenados por el ‘procés’ al contemplar expresamente «la finalización de la ejecución de las penas», aún cuando se presente una cuestión de inconstitucionalidad.
«Esto permitiría a Oriol Junqueras y el resto de condenados extinguir sus penas de inhabilitación y presentarse a las próximas elecciones sin esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional», han señalado.
Estas fuentes dan por hecho que, en cuanto entre en vigor la ley, la Sala Segunda del Supremo, que dictó la sentencia del procés, «planteará cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional«.
El levantamiento de las medidas cautelares para los imputados también implicaría que se levante la orden de detención nacional contra Puigdemont, que podría volver a España sin ser detenido. EuropaPress.
