Una demanda ante la justicia en la que acusaban a Johnson de intentar rehuir la decisión del Parlamento obligó a Boris Johnson a firmar un compromiso.
El Político
El multimillonario de la energía renovable Dale Vince y la portavoz del Partido Nacionalista Escocés, Joanna Cherry, presentaron el documento ya que el primer ministro no ha dejado de repetir en las últimas semanas que el Reino Unido abandonará la UE el próximo 31 de octubre, la fecha fijada oficialmente para el Brexit, “a vida a muerte, venga lo que venga”.
La polémica frontera
La frontera sigue siendo la clave para destrabar o embarrar toda negociación. La República de Irlanda pertenece a la UE. Irlanda del Norte es parte del Reino Unido. La UE no quiere que la única frontera terrestre que tiene con el Reino Unido sea un colador por donde pasen post-Brexit productos de todo el mundo que violen la integridad del mercado común y la Unión Aduanera europeas.
Pero además la frontera es única porque su invisibilidad fue una de las garantías de los acuerdos de paz de Irlanda del Norte en 1998 que pusieron fin a tres décadas de conflicto armado. Erigir puestos aduaneros y controles para el paso de mercancías y personas es una invitación a desestabilizar la provincia y encender la mecha de la lucha armada.
Una mayoría de diputados sacó adelante a principios de septiembre una resolución con fuerza de ley que obligaba a Downing Street a pedir a los 27 una nueva prórroga si era incapaz de cerrar un acuerdo que sustituyera al de la ex primera ministra, Theresa May, que la Cámara de los Comunes rechazó hasta en tres ocasiones.
El juez escocés reclamó al equipo de Johnson una respuesta por escrito en la que dejara clara su posición.
El Gobierno la entregó, aunque no quiso hacerla pública. Sin embargo, el abogado de los demandantes, Aidan O’Neill, ha tenido acceso al texto, y este viernes leía públicamente algunos de los fragmentos más relevantes:
“El primer ministro enviará una carta [a la Comisión Europea] en la forma establecida por la ley no más tarde del 19 de octubre. (…) Si el Consejo Europeo accede a acordar esa extensión por el periodo especificado en la carta, el primer ministro estará obligado inmediatamente a notificar al presidente del Consejo que el Reino Unido accede a esa prórroga”.
Es un modo de admitir, ante un tribunal, lo que debería ser una obviedad: el Gobierno británico se compromete a cumplir la ley.
Downing Street sigue asegurando que quiere alcanzar un acuerdo con la UE y acaba de hacer pública su última propuesta. En segundo lugar, no es lo mismo enviar una carta formal que maniobrar activamente para alcanzar la prórroga que desea la oposición. En tercer lugar, Johnson puede siempre —como ha llegado a sugerir algún diario citando fuentes del Ejecutivo— sugerir a puerta cerrada a los líderes comunitarios que él no está por la labor de seguir prorrogando esta crisis y aconsejarles que no concedan la prórroga.
Tras difundirse el contenido de los papeles entregados a la justicia escocesa, una fuente oficial de Downing Street explicó a la BBC que «el Gobierno cumplirá la ley, que solo impone una tarea muy específica que consiste en entregar la carta del Parlamento pidiendo una extensión (…) que puede ser interpretada de maneras diferentes».
«Pero la ley no impide al Gobierno hacer otras cosas que impidan un retraso, incluidas otras comunicaciones, tanto públicas como privadas. El Gobierno está haciendo saber en Europa de forma privada cuál es su posición oficial sobre el retraso y la hará pública pronto».
El peligro del doble lenguaje
Al Premio británico se le acusa de tener un doble lenguaje En la tribuna parlamentaria o en el escenario del reciente congreso del Partido Conservador JOhnson asegura que no hay vuelta atrás y el Reino Unido saldrá irremediablemente de la UE el 31 de octubre. Ante un juez, donde todo lo expresado compromete legalmente, admite que el Gobierno no está por encima del Parlamento y que sus resoluciones legales deben ser cumplidas.
