La presentación fuera de plazo fue el argumento que finalmente terminó por imponerse frente a los nuevos requerimientos presentados el pasado 3 de julio por los parlamentarios de Chile Vamos contra el proyecto de reforma laboral. Ayer, luego que el Tribunal Constitucional (TC) escuchara por 15 minutos los argumentos de ambas partes, resolvió por empate de votos la inadmisibilidad de los libelos tras el uso del voto dirimente del presidente del Tribunal, Carlos Carmona.
Representando a la oposición, el abogado constitucionalista Miguel Ángel Fernández aseguró que «los requerimientos están perfectamente dentro de plazo y que el TC debiera conocer las cuestiones de fondo de este requerimiento».
Pero la postura del Ejecutivo, a cargo del abogado jefe de la división jurídica de la Segpres, William García, fue tajante en los minutos finales de intervención y calificó como «inédito» este caso, alegando que «nunca antes se han utilizado afirmaciones que contienen acusaciones infundadas y de mala fe». Y remató: «Se trata, además, de un caso trascendente en que el TC ha de actuar con extremada responsabilidad. De lo resulto podrá depender un cambio en las relaciones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, y asimismo entre éstos y el TC (…) Los requirientes están actuando de manera arbitraria y son víctimas de un error y pretenden que el Tribunal Constitucional se rebaje a la altura de ese error».
Ni siquiera la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, se salvó de la puntualidad de la cita. Cuando fue informada del cierre de puertas, asumió el atraso, dejando en manos del subsecretario de la cartera, Francisco Díaz, la representación de la cartera en el TC.
Tras los alegatos, y esperando la resolución del Tribunal, Díaz fue claro en advertir que este requerimiento podía sentar «graves precedentes» entre los poderes del Estado. Lo que Fernández desestimó al ser consultado, afirmando que «este era un caso que permitiría al Tribunal confirmar una jurisprudencia bastante clara, que no ha producido ningún problema. Realmente, no alcanzo a ver cuál es la situación tan grave».
Más tarde, cerca de las 13:30 horas, el secretario del TC, Rodrigo Pica, informó la resolución y explicó que ahora resta poner en tabla el control preventivo y obligatorio de constitucionalidad. Este trámite podría tardar cerca de diez días.
Resuelto ello, queda el camino despejado para la promulgación del polémico texto que, a juicio de los expertos, se erige como un proyecto confuso que llama a múltiples interpretaciones jurídicas.
En el oficialismo celebraron la decisión, aunque ya auguran la difícil etapa de promulgación e implementación del proyecto, ya que con el fallo anterior del TC, que derribó la titularidad sindical, se instala un texto débil. El presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara, Patricio Vallespín, dijo: «Termina el boicot de la derecha a la reforma laboral».
Gobierno celebra dictamen
Minutos más tarde de la resolución del Tribunal Constitucional (TC), el ministro secretario general de gobierno, Marcelo Díaz, valoró que el requerimiento de la oposición haya sido rechazado, agregando que «la forma y tono en que fue planteado por la oposición no corresponde al modo en que deben relacionarse los miembros de los poderes del Estado».
Acompañado por la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, y el jefe de las finanzas públicas, Rodrigo Valdés, la autoridad enfatizó que queda terminar con el trámite del control obligatorio de algunos artículos de carácter orgánico para luego quedar en condiciones de promulgación.
«Esperamos el pronto término de esta etapa para proceder a la promulgación de la reforma laboral impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet con los avances que ella significa para los trabajadores y trabajadoras de Chile», aseguró.
Adicionalmente, Díaz llamó a la oposición a respetar el fallo dictaminado por el TC.
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, también destacó el directamente del tribunal. En su cuenta de Twitter, la dirigente gremial señaló que «con el fallo de TC se ratifica que no todo vale con tal de derribar las reformas. Que aprenda la lección el mundo de la oposición. Ahora falta promulgación, seguiremos trabajando para avanzar en más y mejores derechos».
Oposición: «Es un fallo absurdo»
La oposición lamentó el rechazo del Tribunal Constitucional (TC) al requerimiento presentado contra la reforma laboral.
El presidente de la UDI y miembro de la comisión de Trabajo del Senado, Hernán Larraín, advirtió que respetan el fallo pero que abrirá un período de judicialización de las relaciones laborales. «Lo acatamos, pero es un fallo absurdo que contradice la jurisprudencia del tribunal», dijo el timonel del gremialismo.
Mientras, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, señaló que «con este fallo no gana nadie, sino que estamos frente a una ley que, para nuestro gusto, queda incompleta». «Nos hubiera gustado un pronunciamiento sobre el fondo por parte del TC, porque, de lo contrario esto genera mucha incertidumbre.
Obviamente este fallo hay que acatarlo y, sin lugar a dudas que los trabajadores y los empresarios son los que terminan perdiendo en definitiva al término de este proyecto de ley, ya que estamos previendo un alto nivel en la judicialización en las negociaciones, y eso le hace mal a los trabajadores, eso le hace mal a la empresa», explicó. El dirigente, además, sostuvo que «vemos que, después de este largo proceso de discusión de la reforma laboral, nos parece que, tal como manifestamos inicialmente, siendo una ley que no nos gustaba, hoy día quedamos en un escenario complejo, de altos niveles de judicialización».
Con Información de: Diario Financiero
