El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) reiteró hoy que los diputados de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) deben abstenerse de continuar el proceso de «responsabilidad política» del jefe de Estado, Nicolás Maduro, de acuerdo con la sentencia del pasado 15 de noviembre.
«En sentencia N. 948 del 15 de noviembre de 2016, el TSJ ordenó a las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional abstenerse de continuar el procedimiento de declaratoria de ‘responsabilidad política’ contra el Presidente de la República», dice un comunicado del Supremo difundido hoy.
Asimismo, se recuerda que en esa sentencia se ordena a la Cámara abstenerse de «dictar cualquier tipo de acto, sea en forma de acuerdo o de cualquier otro tipo, que se encuentre al margen de sus atribuciones constitucionales y que, contraríe el Texto Fundamental, de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Constitucional».
También resaltó recientes sentencias en las que se señala «que resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato».
Un desacato «que aún persiste», se indica en el comunicado, «por no haber sido formalmente desincorporados los ciudadanos cuya proclamación está suspendida».
Se refiere así a la solicitud de desincorporar de la AN a los diputados indígenas del estado Amazonas que fueron investidos pese a una decisión del Supremo que atendió a una denuncia del chavismo por supuesto fraude electoral en esa zona.
El martes pasado la contundente mayoría opositora de la Cámara retomó un debate para demostrar la responsabilidad política de Maduro «por la grave ruptura del orden constitucional y democrático», y aprobó un acuerdo sobre este punto en el que señaló todos los argumentos para culpar al presidente.
La bancada chavista se negó a participar en el debate al argumentar que el Parlamento no tiene las facultades de «control político» del presidente y acusó al sector opositor de querer dar un «golpe de Estado» al utilizar «figuras que no existen en la Constitución» para destituir a Maduro de su cargo.
Con ese acuerdo se aprueba acudir al Poder Ciudadano para que intente las acciones dirigidas a hacer efectiva esta responsabilidad y al Ministerio Público para que examine los hechos expuestos y se pronuncie sobre la procedencia de solicitar un «antejuicio de mérito contra el presidente».
También se decidió acudir a las instancias internacionales «para denunciar las violaciones a derechos humanos (…) en cuya comisión el presidente de la República ha tenido el papel protagónico».
Con información de: EFE
