En Chile «queda mucho por hacer con el problema de la tortura, tanto en relación con el pasado como en el presente», asegura Lorena Fries, la primera subsecretaria de Derechos Humanos en la historia de este país.
«En Chile hoy se tortura, pero no de forma sistemática e institucionalizada, como durante la dictadura», manifiesta Fries en entrevista con Efe.
Nacida en Zúrich en 1960 y abogada de profesión, Lorena Fries es hija de un empresario suizo y de un antropóloga española que huyó de la dictadura de Francisco Franco. Llegó a Chile a los seis años, pero sólo se nacionalizó cuando el país recuperó la democracia, en 1990.
El pasado 11 de septiembre, cuando se cumplían 43 años del golpe militar de Augusto Pinochet, la presidenta Michelle Bachelet la nombró como la primera subsecretaria de Derechos Humanos, un organismo nuevo que depende del Ministerio de Justicia.
Fries lleva dos semanas ejerciendo oficialmente el cargo, tras permanecer seis años en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), donde se distinguió por su labor en la prevención y denuncia de los casos de tortura.
«Yo no conozco ningún país del mundo donde no haya tortura por parte de funcionarios que tienen bajo sus custodia a civiles», señala.
Por eso, en Chile el Gobierno ha creado un organismo autónomo para prevenir su práctica, explica la subsecretaria.
Y respecto a lo ocurrido en la dictadura -que dejó 40.000 víctimas, entre ellas, más de 3.000 muertos y desaparecidos-, propone levantar el secreto de 50 años que pesa sobre los testimonios, documentos y antecedentes de las comisiones de investigación, «para que los tribunales de justicia puedan conocer los casos».
Fries se encargará de elaborar el Plan Nacional de Derechos Humanos, que durará cuatro años y abordará temas como «la aplicación de verdad y justicia en relación con las violaciones cometidas durante la dictadura y una política activa de memoria».
Sobre la situación en la región de la Araucanía, escenario del llamado «conflicto mapuche», Lorena Fries opina que la primera medida para encauzar la promoción y protección de los derechos humanos es «establecer un diálogo sin barreras con todos los actores».
«Como Gobierno hemos reconocido que hay una deuda histórica con respecto al pueblo mapuche», afirma la subsecretaria, quien a renglón seguido admite que «también está el problema de quienes -con el apoyo del Estado- se fueron instalando en la Araucanía y ahora sienten que están en un espacio inseguro».
«Como Estado, tenemos que hacernos cargo de las dos cosas», sostiene.
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De la aplicación de la «justicia en la medida de lo posible», como dijo Patricio Aylwin, el primer presidente tras el régimen militar (1973-1990), Chile pasó a convertirse en un hito en la aplicación del Derecho Penal Internacional, tras la detención en 1998 y posterior procesamiento del general Augusto Pinochet.
«La Justicia ha consolidado la jurisprudencia sobre lo que pasó en Chile, que fueron crímenes de lesa humanidad. Hoy día estamos cumpliendo con los estándares internacionales, pero necesitamos más verdad, saber qué sucedió con los detenidos desaparecidos», dice.
La creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos permitirá «abrir esa arista», asegura Fries, partidaria de derogar una ley de amnistía que se autoconcedió la dictadura y que hoy ningún tribunal aplica.
El Gobierno de Chile pondrá en marcha un plan de formación en materia de derechos humanos para todos los funcionarios del Estado, incluidos policías y militares.
«Empezaremos por casa», dice la subsecretaria, y por eso los primeros esfuerzos se centrarán en los funcionarios públicos que cuidan de los niños desamparados (210 murieron en hogares de menores en los últimos 11 años) y los que vigilan a los reclusos, que son los que han sido denunciados por torturas.
Otro de los cometidos de la Subsecretaría de Derechos Humanos será el seguimiento y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Chile.
«Los Estados firman, firman y firman tratados y luego no se dan cuenta de la cantidad de obligaciones que asumen (…). Nosotros vamos a recordarle que esas obligaciones existen y hay que cumplirlas», asegura.
Y sobre la situación de los agentes de la dictadura encarcelados por graves violaciones a los derechos humanos y su acceso a beneficios penitenciarios, Fries explica que «hoy día, a efectos de cumplimiento de las penas, la legislación chilena no distingue entre delincuentes comunes y criminales de lesa humanidad».
«Eso significa que estos últimos tienen acceso a beneficios penitenciarios», pero el Estatuto de Roma, del cual Chile es parte, establece que para su otorgamiento excepcional tienen que darse requisitos más exigentes que para el resto, puntualiza.
Con información de EFE
