Chile ha estado «inmerso en un rígido escenario conservador» en materia de «valores» y de «derechos» que ha repercutido en una serie de disputas políticas e ideológicas sobre el divorcio o la despenalización del aborto, aseguró hoy la organización Miles en un informe.
La publicación del Movimiento por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles) agregó que, en los últimos 28 años, este escenario también ha afectado la prevención del VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual, el acceso a la anticoncepción de emergencia, la esterilización voluntaria, el reconocimiento de la diversidad sexual y el matrimonio igualitario, entre otros.
Miles estudió los cambios en la vida sexual y reproductiva de los chilenos y chilenas en los últimos 28 años y los déficit en los campos de las políticas públicas y las leyes, estableciendo comparaciones con otros países.
El bautizado como «Primer Informe sobre Salud Sexual, Salud Reproductiva y Derechos Humanos en Chile», analiza el estado de la situación al 2016.
Las tensiones y debates han provocado variados cambios, como son «la separación de la sexualidad de la reproducción a partir del acceso de las mujeres a los anticonceptivos y de la posibilidad de elegir en qué momento las personas quieren tener sus hijos/as», indica el estudio.
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Añade que las «transformaciones han modificado el valor social asignado a la sexualidad y la reproducción, y también han logrado que se incorporen paulatinamente en Chile la noción de los derechos sexuales y reproductivos que son reconocidos universalmente como parte de los Derechos Humanos. Se trata de un cambio de paradigma en el campo de la vida sexual y reproductiva de las personas».
Pese a los cambios, el informe advierte que «aún existen déficit y problemáticas que no han sido solucionadas ni abordadas», en las leyes ni en las políticas públicas.
«Por ejemplo, Chile sigue formando parte de los siete países en el mundo que penaliza el aborto y criminaliza a las mujeres; no existe una política de educación sexual con permanencia en el tiempo», sostiene el texto.
«Desde el año 1974 no se realiza una encuesta sobre fecundidad; el embarazo adolescente sigue siendo un problema social y de salud pública que conlleva un impacto social, económico y cultural; el acceso a tratamientos de reproducción asistida depende casi exclusivamente de la capacidad económica de las parejas», añade el documento.
Asimismo, el texto sostiene que en Chile existe violencia obstétrica que aún no ha sido considerada en las políticas públicas; se carece de una ley de violencia de género y existen formas de violencia sexual que aún se encuentran insuficientemente documentadas o sancionadas.
La publicación es apoyada por Catholics for Choice e IPPF y cuenta con transversales aportes académicos e investigativos de la Universidad de Chile, la Universidad Diego Portales, la Universidad de La Frontera, la Fundación Instituto de la Mujer; el Observatorio de la Violencia Obstétrica; el Movilh y el Colegio de Matronas de Chile.
Con información de: EFE
