El régimen de Nicolás Maduro ha sido acusado de secuestrar a un empleado de la embajada argentina en Caracas, específicamente a Nahuel Agustín Gallo, un gendarme argentino.
Gallo había viajado a Venezuela el 8 de diciembre para visitar a su pareja e hija, pero fue detenido por las fuerzas de seguridad del país al intentar ingresar por un paso terrestre en el estado de Táchira.
La Cancillería Argentina ha condenado enérgicamente esta detención, calificándola de «arbitraria e injustificada», y ha señalado que constituye una violación grave de las normas internacionales que protegen a los diplomáticos y su personal.
En su comunicado, el gobierno argentino expresó que esta acción no es un hecho aislado, sino parte de una «campaña sostenida de hostigamiento» contra los empleados y asilados en la misión diplomático.
Desde la detención, Gallo ha estado incomunicado; su teléfono fue confiscado por las autoridades venezolanas y su paradero es desconocido.
La Cancillería ha solicitado la intervención del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, para asegurar la liberación inmediata del gendarme y el fin del hostigamiento hacia los asilados en la embajada.
Este incidente ha elevado aún más las tensiones diplomáticas entre Argentina y Venezuela, especialmente bajo el gobierno del presidente Javier Milei, quien ha adoptado una postura firme contra el régimen de Maduro.
La Embajada de Argentina en Venezuela permanece, desde agosto, bajo la protección de Brasil -después de la expulsión de los diplomáticos argentinos en respuesta al desconocimiento del Gobierno de Milei del resultado de las elecciones presidenciales de julio pasado-, pese a que el Gobierno venezolano revocó esta autorización en septiembre, por la supuesta planificación de actos terroristas en el interior de la sede por parte de los asilados.
