Para reforzar la vigilancia de las comunicaciones, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó este jueves una serie de leyes antiterroristas, las cuales obligará a las compañías de Internet a almacenar los datos de los usuarios durante algunos meses.
Maryann H. León / El Político
A pesar que las leyes fueron publicadas este jueves en la página web del gobierno ruso, desde finales de junio, están siendo adoptadas por los diputados de esa nación, quienes entre otras cosas penalizan el hecho de no denunciar un delito, reducen la edad de responsabilidad penal a 14 años e introducen penas de hasta siete años de cárcel por «justificación pública de terrorismo», inclusive en Internet.
La vigilancia de las redes de comunicación por servicios especiales se ve reforzada por la obligación de las empresas de Internet y de las redes sociales de almacenar los mensajes, llamadas y datos de los usuarios durante seis meses para transferirlos a las «agencias gubernamentales apropiadas» si es necesario.
La oposición denunció estas leyes tachándolas de un intento de «vigilancia total» por parte de las autoridades.
El exconsultor de la Agencia de Seguridad estadounidense (NSA) Edward Snowden, refugiado en Rusia, juzgó estos textos como propios de «Gran Hermano» y de «vigilancia masiva».
Empresas ahorcadas
El director general de la empresa de telefonía móvil rusa Megafon, Serguei Soldatenkov, advirtió el jueves en una entrevista al diario Kommersant que la nueva ley de almacenamiento de datos obligaría a la compañía a gastar 200.000 millones de rublos (2.800 millones de euros, cerca de 3.100 millones de dólares) para financiar las estructuras necesarias, es decir, cuatro veces su beneficio anual.
«Este texto matará financieramente la industria de las telecomunicaciones» en Rusia, afirmó, proponiendo que el gobierno introduzca una nueva tasa en el sector para construir estas infraestructuras.
El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, indicó por su parte el jueves que Vladimir Putin había pedido al gobierno que velara por la puesta en marcha de esta ley y que tomara las medidas necesarias si se producían consecuencias «indeseables».
