Raúl Cervantes Andrade, procurador general de la república de Costa Rica, será la persona que se encargue de resolver el fraude que el narcorégimen de Nicolás Maduro está intentando implementar al traspasar la residencia del embajador al ex diputado de izquierda, Álvaro Montero.
Mario Beroes/El Político
El traspaso, a todas luces ilegal, porque ningún funcionario que esté destituido o por entregar el cargo, puede vender, traspasar o enagenar bienes de la Nación, y esto es algo que conoce el diputado Montero, afirmó Ricardo Pinza, uno de los representantes en la embajada venezolana en dicho país, del presidente encargado Juan Guaidó.
El narcorégimen de Nicolás Maduro aparentemente traspasó a manos de este político costarricense la casa del embajador en San José. La embajadora venezolana reconocida por Costa Rica, María Faría, nombrada por el presidente encargado, Juan Guaidó, quien además fue reconocido por San José en tal cargo, emitió un comunicado en el que indica que «realiza las gestiones correspondientes para confirmar el supuesto traspaso de la propiedad».
Medios costarricenses han informado este miércoles que la misión diplomática de Maduro, que terminó su gestión en San José el pasado 15 de abril por orden de Costa Rica, traspasó la casa al exdiputado y político de izquierda, Álvaro Montero.
El mismo Montero confirmó a los periodistas que él es afín al chavismo, que el bien le fue traspasado a su nombre hace dos meses por la representante de Maduro, Norma Borges, y que espera convertir la propiedad en un centro cultural.
Borges aparentemente ejerció como jefa de misión de Maduro por algún tiempo, pero su investidura nunca fue reconocida por el Gobierno de Costa Rica.
La casa se ubica en el barrio Los Yoses, en San José, justo al frente de la embajada de Venezuela, y está inscrita a nombre del Gobierno venezolano desde 1992, según reseña un cable de la agencia española EFE.
La embajadora Faría aseguró que «analizaremos los alcances legales que correspondan, ya que el mencionado bien forma parte del patrimonio del Estado venezolano». 
«Esta representación diplomática ejecutará todas las acciones legales necesarias para el resguardo de este patrimonio de conformidad con el derecho venezolano e internacional y ante las instancias que corresponda.»
Faría acusó a la representación de Maduro de coartar los derechos de los ciudadanos venezolanos en Costa Rica y enfatizó en que «no permitiremos que continúe el robo y desmantelamiento de los recursos y bienes de Venezuela por parte de quienes representan la dictadura usurpadora».
Esta nueva polémica se presenta a poco más de dos meses de que Faría ingresara a la embajada para tomar posesión el pasado 20 de febrero, una acción por la que al día siguiente se disculpó tras recibir una protesta por parte del Gobierno de Costa Rica.
El 15 de febrero el Gobierno de Costa Rica notificó a la representación diplomática nombrada por Nicolás Maduro de un plazo de 60 días para poner en orden sus asuntos y salir del país.
El plazo se cumplió el pasado 15 de abril y los diplomáticos acataron la orden.
La molestia de Costa Rica obedeció a que Faría no respetó ese plazo de 60 días para que la representación de Maduro finalizara su gestión.
El 23 de enero Costa Rica reconoció al líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino del país y el 13 de febrero recibió las cartas credenciales de María Faría como su embajadora.
