La Justicia de Honduras impuso prisión preventiva al alcalde oficialista Arnaldo Urbina Soto, quien además fue suspendido de su cargo por, supuestamente, cometer 192 delitos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad, informó hoy una fuente judicial.
El Ministerio Público hondureño indicó hoy en un comunicado que un juez con jurisdicción nacional dictó «auto de formal procesamiento, prisión preventiva y suspensión del cargo» a Urbina Soto, alcalde del municipio norteño de Yoro, por el oficialista Partido Nacional.
El burgomaestre suspendido es acusado por «124 delitos de malversación de caudales públicos y 68 delitos de abuso de autoridad», según el organismo investigador hondureño.
La medida judicial establece que Urbina Soto seguirá preso en el centro penal de San Pedro Sula, norte hondureño, junto a dos hermanos suyos, acusados por blanqueo de dinero.
La acusación interpuesta la semana anterior contra el alcalde suspendido también abarca a otros tres funcionarios y dos exempleadas de la Municipalidad detenidos por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Se trata de Mirna Isabel Castro, tesorera municipal, a quien se le dictó la misma medida de prisión preventiva y auto de formal procesamiento por 124 delitos de malversación de caudales públicos, fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
También se decretó las mismas medidas judiciales contra el jefe de Maquinaria de la Alcaldía, Ángel Dagoberto García, por malversación de caudales públicos, mientras que a la jefa de Contabilidad y presupuesto, Karen Sarahi Rodríguez Pérez, acusada por fraude y violación de los deberes de los funcionarios, se le otorgó arresto domiciliario porque está en período de lactancia.
Asimismo se dictó prisión preventiva contra la exgerente municipal Ligia Hernández, por violación de los deberes de los funcionarios y tráfico de influencias, y la exjefa de presupuesto Petrona Castro Velásquez, por malversación de caudales públicos.
Según el Ministerio Público, los acusados «firmaron contratos para la prestación de servicios a la Municipalidad de forma fraudulenta» para «favorecer a Urbina Soto», quien está siendo enjuiciado por lavado de activos y almacenamiento de armas.
Autoridades hondureñas de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico han indicado que el alcalde y sus dos hermanos, identificados como Mario y Miguel Urbina, también son investigados por su presunta responsabilidad en actividades del tráfico de drogas.
EFE










